Instalan audiencia contra fiscales y empleados de FGR por ayudar a Rais
Juzgado procesa a seis trabajadores fiscales acusados de colaborar con la red de corrupción vinculada a Enrique Rais.
“Mi esposa y yo fuimos víctimas de una estructura que estaba enquistada en la Fiscalía. Lo que buscamos es justicia por las acciones ilegales”. MARIO CALDERÓN, VÍCTIMA CASO CORRUPTELA
Los cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) acusados de pertenecer a una red de corrupción ligada a Enrique Rais insistieron ayer en que los señalamientos en su contra nacieron producto de irregularidades. Por eso quieren que el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador anule el proceso penal que enfrentan.
El juzgado instaló ayer la audiencia inicial contra los empleados fiscales, luego de que el Juzgado Noveno de Paz rechazó procesarlos en septiembre pasado. La Fiscalía los señala de formar parte de una supuesta red de corrupción que benefició a Rais, en el caso llamado Corruptela. La acusación sostiene que los procesados ordenaron capturas ilegales y permitieron el desfalco de $426,000 de fondos de la FGR.
Los fiscales procesados son Carolina Jannete Manzanares Nóchez, exjefa de la Unidad de delitos relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual; Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, exjefa de la Unidad de delitos relativos a la Administración de Justicia y de la Fe Pública; y los fiscales Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres. La Fiscalía
dice que ellos ordenaron capturas ilegales.
También enfrentan el proceso penal los empleados administrativos de la FGR Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez, exjefe del Departamento de Selección, Evaluación y Seguimiento de Desempeño; y Damián Cabrera Bernal, ex director financiero institucional. Ambos colaboraron con el desfalco de $426,000 de fondos públicos, según la Fiscalía.
Los acusados aseguran que la Fiscalía dirigida por el exfiscal Douglas Meléndez violó sus derechos. Insisten en que la FGR de Meléndez los amenazó y torturó para que fueran testigos criteriados en el caso Corruptela. Alegan esas supuestas ilegalidades para pedir la nulidad del caso.
Cuando Meléndez terminó su periodo al frente de la Fiscalía, los seis renunciaron como testigos y dieron a conocer las supuestas torturas. Debido a que dejaron de colaborar con las investigaciones, la Fiscalía los acusó de los delitos de omisión de la investigación, falsedad documental agravada, privación de libertad y peculado.
La FGR pide que los empleados fiscales continúen el proceso en libertad con medidas. Mario Calderón, una de las víctimas en el caso, dijo ayer que espera “justicia”. La audiencia sigue hoy.