Solo el 3% de la niñez recibe educación inicial en el país
La Fundación Rafael Meza Ayau y UNICEF hicieron públicos ayer los retos de cara a la entrada en vigencia de la ley de salas cunas en junio 2020, luego de haber hecho consultas en empresas.
“Nos empezamos a dar cuenta y a sensibilizar sobre que son los tres primeros años los más críticos para la formación del cerebro de los niños; atenderlos es una urgencia” ROBERTO MURRAY MEZA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RAFAEL MEZA AYAU.
“Tenemos un gobierno comprometido con la primera infancia y aquí puede ver que empresas, sociedad civil y gobierno han logrado tener acuerdos sobre esta prioridad” DARLYN MEZA, EXMINISTRA DE EDUCACIÓN.
“Hay tiempo para identificar adónde se tiene que crear la oferta; y la oferta de trabajo (cuidadores) tendría que entrar a mecanismos de certificación rápidos como los de INSAFORP” JIMMY VÁSQUEZ, ESPECIALISTA EN POLÍTICAS SOCIALES DE UNICEF.
En junio de 2020 entrará en vigencia la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores y el sector empresarial ha dejado entrever una serie de inquietudes sobre cómo implementarla, luego de un proceso de consulta que hizo la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 57 empresas, entre junio y julio pasados.
La percepción general del estudio, en el que un 43% de los entrevistados fueron gerentes de recursos humanos y otro 41% coordinadores o jefes de recursos humanos, es que la mayoría de las empresas muestran voluntad por cumplir la ley, sin embargo, tienen varias dudas: qué costo adicional les representa, cuáles son los parámetros de calidad que deben tener, cuál es la cantidad de bebés que conforman la demanda para determinar la oferta del servicio, en qué horarios deberían estar abiertas las salas cunas.
Desde las empresas se señaló, por ejemplo, que suelen esbozar sus presupuestos desde el tercer trimestre de cada año, y si la Presidencia de la República tiene 120 días hábiles para tener listo el reglamento luego de la entrada en vigencia de la ley, ya sería demasiado tarde.
También destacaron que no están seguros si todos sus trabajadores harían uso de las salas cunas o qué pasaría en el caso de que madres o padres de estos bebés empleados tengan horarios nocturnos y necesiten el servicio de sala cuna en ese horario.
La ley contempla en su aplicación a la niñez entre cero y tres años y establece que las empresas y demás instituciones pueden crear estos espacios de educación temprana ya sea dentro de sus instalaciones, dentro del área geográfica de la localidad donde están situadas, o hacer uso de otras salas cunas que ya funcionan en los alrededores, pero en este último caso no hay una oferta suficiente, según han indagado.
“Es muy bueno saber que desde la Presidencia (de la República) ya se le está apostando a trabajar el reglamento, porque entonces eso le permite a usted prever ciertas inversiones que tienen que hacer o dónde hacerlas, de acuerdo con los criterios que ellos vana establecer, y eso es positivo, porque pudieron haber esperado noviembre, pero activarse ahorita es una muy buena señal”, anotó el especialista en políticas sociales de UNICEF, Jimmy Vásquez, en cuanto a que aún se está a tiempo de lograr una buena implementación de la nueva legislación.
En ese mismo sentido opinó la exministra de Educación Darlyn Meza: “Entiendo que en el despacho de la Primera Dama ya está trabajando en eso; aquí el mensaje es: ya se está avanzando, no es una ley más que se quedó abandonada esperando el reglamento”.
En la actualidad, solo el 3% de la primera infancia entre cero y tres años recibe servicios de educación inicial, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2018).
El presidente de la Fundación Rafael Meza Ayau, el empresario Roberto Murray Meza, destacó por otra parte tres cuestiones importantes: que esa es la edad en la que se desarrolla el 85% del cerebro de niñas y niños y, por ende, urge atenderles, que la economía del país crecería porque se estima en 50,000 empleos formales los que se estarían generando al contratar a personal certificado para ofrecer este servicio de educación inicial y que el impacto el los salarios de la población para pagar estos servicios ronda el o.3% del Producto Interno Bruto (PIB).