Derechos de mujer con poco avance en Latinoamérica
A pesar de los compromisos adquiridos por los países, en algunos de estos ha existido un retroceso para con los derechos de las mujeres.
Nairobi. En América Latina la agenda de los derechos sexuales y reproductivos ha avanzado a marchas forzadas por las condiciones políticas, sociales y económicas que experimentan algunos países desde hace dos décadas. En consecuencia, los embarazos en adolescentes y la violencia sexual contra las mujeres no ha descendido como se esperaba y, en algunos casos, incluso se estancó.
Han pasado 25 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en la que líderes mundiales se comprometieron a luchar para hacer avanzar los derechos de las mujeres y garantizarles un mayor y mejor acceso a la salud. Con el tiempo se determinó que esos derechos incluían los sexuales y reproductivos.
Sin embargo, la situación hoy no es tan halagadora como se esperaba en Latinoamérica y El Caribe. Cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revelan que la tasa de embarazo en adolescente es de 61 jóvenes por cada mil, a nivel mundial la misma tasa está por debajo de las 40 por cada mil.
En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, la región se ha partido en dos: de un lado están los países con un avance constante y por el otro los que han mostrado marcados retrocesos en sus estadísticas.
El primer grupo lo encabeza Uruguay, que pasó de tener una tasa de fecundidad adolescente de 63 por cada mil en el 2000, y en el 2018 redujo la tasa a 36 por cada mil; en una situación parecida se encontró Puerto Rico con una tasa de fecundidad de 72 adolescentes por cada mil en el 2000 y en el 2016 disminuyó a 29 por cada mil.
Del lado contrario se encuentra Argentina, que en el 2000 registró una tasa de 64 adolescentes embarazadas por cada mil y en el 2015 la cifra aumentó a 65 por cada mil. Mientras que en Perú hace 19 años se tenía una tasa de 59 adolescentes embarazadas por cada mil y para el 2012 ya eran 65 por cada mil.
El UNFPA recolectó estos datos de los 11 países que conforman el Grupo de Diarios América (GDA). La información fue recabada, en algunas ocasiones, de más de dos fuentes de información debido a que las autoridades no actualizaron sus estadísticas.
Pablo Salazar, asesor regional de Población y Desarrollo de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del UNFPA, explicó que la desigualdad económica ha generado una brecha entre los países de la región y eso afecta sus indicadores de salud sexual. Las naciones más afectadas son Perú, Bolivia, Honduras, Guatemala, Haití y República Dominicana.
Según el especialista, la persistencia en los embarazos en adolescentes también pueden ser explicada por la falta de educación sexual hacia la población, así como por la disminución de la inversión en métodos anticonceptivos por parte de países como Argentina que enfrentan una crisis económica.
“Hay un asunto vinculado al tabú y el acceso a anticonceptivos antes de los 19 años. También hay un tema educativo, en Centroamérica la mitad de las adolescentes embarazadas dice que tuvo intenciones de tener a ese hijo. No se piensa en la carga que implica a esa edad”, señaló Salazar.
¿Cuál debería ser la meta regional? Salazar dijo que “un ejemplo a seguir” sería “Noruega, con tasas de fecundidad en adolescentes de siete cada mil”.
Respecto del porcentaje del uso de métodos anticonceptivos entre adolescentes, el UNFPA muestra un dato preocupante: en Argentina se ha registrado una disminución en el uso de cualquier método, ya que en 2001 65% de los jóvenes se cuidaban y en el 2012 sólo fue 55%.
Caso contrario fue el de Colombia, donde en 1990 66% de los adolescentes utilizaban métodos anticonceptivos y en 2016 la cifra se incrementó a 81%.
“En Venezuela ha habido una regresión: se estima que crece la mortalidad materna e infantil, poco acceso a anticonceptivos. Pero quitando Venezuela, hay países con demandas insatisfechas de anticonceptivos cercanas al 25%. Los países andinos, centroamericanos y algunos caribeños (exceptuando Cuba) son los que la tienen más complicada”.
POCA ACCIÓN
El estancamiento de algunos países latinoamericanos en el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos sucede a pesar de que en 2014 se firmó el Consenso de Montevideo, que buscó atender esta situación para mejorar la calidad de vida de mujeres jóvenes.
Harold Robinson, director regional para América Latina y El Caribe del UNFPA, resumió así la situación: “En términos globales Latinoamérica tiene una posición de avanzada en el planteamiento de los derechos, que eso está planteado en el Consenso de Montevideo. Ahora el desafío que hay es que la mayoría de las veces los compromisos de las países no necesariamente se reflejan en acciones”.
Un ejemplo es que, hace 25 años, varios países de la región tenían indicadores similares a las naciones más desarrolladas de África. Un cuarto siglo después, la relación sigue igual y América Latina no ha logrado acercarse a la marcha europea o del sudeste asiático.
Robinson consideró que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Nairobi, celebrada entre el 12 y 14 de noviembre pasados y donde se discutieron estas temáticas, no fue una celebración para los países latinoamericanos, sino que fue “una combinación de la celebración del Día de los Muertos y de una aspiración”.
Para el director regional, el contexto político de nuestro continente también ha frenado el avance de los derechos sexuales y reproductivos, y aunque no señala a países concretos sí advierte que “ha habido un retroceso en la humanidad” de Latinoamérica:
“Están llegando al poder algunas propuestas políticas que son contrarias a los derechos (sexuales y reproductivos). Esto es inaudito e inusitado en una región que tuvo la proeza reciente de la consolidación de la democracia. Esas propuestas populistas, alineadas a otras propuestas populistas, racistas y radicales, han calado en ciertos grupos”.
También llamó la atención sobre la distribución desigual de la riqueza en la región, lo cual afecta directamente a la agenda de Montevideo o los acuerdos logrados hace 25 años en la Conferencia Internacional sobre la Población celebrada en El Cairo, Egipto:
“El problema de Latinoamérica es que genera riqueza, pero no la distribuye bien. La única solución que han encontrado las sociedades desiguales, como las nórdicas, es tener un Estado que redistribuye a través de oportunidades para el desarrollo humano; brinda educación, salud y empleo en un ambiente de derecho. Eso nosotros no lo hacemos bien”.
Por último, sobre la violación a los derechos de las mujeres, Harold Robinson se refirió a las agresiones que reciben por cuestión de género e hizo un llamado a trabajar con las masculinidades para erradicar el problema.
deseos. Fue al menos un lustro en el cual Érika, quien prefirió no revelar su nombre real por temor a represalias, recibió ataques con frecuencia y sólo se salvó porque llegó su adolescencia.
“Él dejó de cometer estos delitos porque comencé a ser más grande y sólo viola niñas. Cuando tenía 13 años escuché en medio de una agresión que ya estaba grande, que ya no servía para eso. Fue así como las agresiones empezaron a disminuir”, dice.
Para su victimario, ella era el blanco perfecto: sabía dónde vivía, sus horarios, la escuela donde estudiaba, tenía la confianza de los padres de la joven, la dejaban bajo su cuidado y nunca creerían en ella si algún día revelaba las violaciones.
Pasados 10 años desde la última agresión, en mayo del 2019 Érika acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la capital para levantar una denuncia. Ahí se encontró con la resistencia de las autoridades para continuar con el proceso. “¿Por qué quieres denunciar si ya pasó tanto tiempo? ¿Estás segura que quieres seguir adelante con esto?”, la cuestionó el ministerio público e incluso su abogada de oficio.
La joven acusa que siete meses después de interponer la denuncia penal, la investigación no ha mostrado ningún avance. También critica que los agentes del ministerio público le han pedido entregar pruebas para respaldar su declaración:
“Me han pedido el acta de nacimiento de los agresores y fotos donde se vea que viven en los domicilios que mencioné. Dicen que solamente así voy a agilizar el proceso, pero si ellos son la autoridad y no pueden conseguir esa información, ¿cómo lo haré yo? Me están exponiendo a ver a mis agresores nuevamente, regresar al lugar donde ocurrió todo”.
Asistir a la Fiscalía de Delitos Sexuales no fue sencillo para Érika. Antes de eso soportó más agresiones en su contra: la más fuerte ocurrió hace unos meses, cuando su antiguo jefe intentó abusar de ella en el hospital donde trabajaba.
Las agresiones de ese jefe escalaron de palabras a tocamientos y la noche en la que estuvo a punto de ser violada otra vez, un compañero interrumpió el acto.
“Me convertí en una persona aislada, no hablaba ni me expresaba, cuando alguien me agredía solamente me quedaba callada y daba la espalda. Pero este segundo trauma de volver a pasar por la misma situación me hizo cambiar, ya no me iba a pasar toda la vida recibiendo agresiones de la gente. Claro que esto me sigue doliendo y lastimando, pero ya no va a impedir que disfrute mi vida”.
Érika advierte que su familiar aún no sabe de la investigación en su contra por el retraso de las autoridades; sin embargo, sí está segura de que su victimario sigue afectando a menores de edad y en eso se inspira su búsqueda de justicia: en que más niñas y niños no sufran lo mismo que ella.
“Si no continúo con la denuncia y esta persona vuelve a cometer una agresión, no tendrá ningún antecedente penal. Ahora pienso que esto no es sólo por mí, sino por la gente que puede seguir en sus manos”, dice.