CCR PIDE A FISCALÍA INDAGAR ANOMALÍAS EN AUDITORÍA DEL CASO EL CHAPARRAL
Presidenta de la CCR notificó al fiscal general para que inicie la investigación contra dos auditores por elaborar informe deficiente que desvaneció hallazgos millonarios por la construcción de la presa.
La sospecha es que los dos auditores encargados de realizar el examen especial sobre la construcción de la presa El Chaparral desvanecieron hallazgos millonarios, además de retrasar el informe, a propósito, para que fuera extemporáneo y no pudiera ser llevado a juicio de cuentas.
La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, dejó clara esa sospecha en un escrito que envió al fiscal general el 31 de octubre pasado.
“Certifíquese los autos al señor fiscal general de la República para que de conformidad con el artículo 98 inciso final de la ley de esta corte inicie las investigaciones correspondientes y determine si hay lugar a responsabilidad de tipo penal contra los directores de Auditoría Cuatro, que participaron en el examen especial”, se lee en el escrito en poder de este periódico.
LA PRENSA GRÁFICA confirmó esa notificación con la magistrada presidenta: “La ley dice que debe abrirse un expediente a los responsables, por lo que se le certifica a la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo Rivas.
La magistrada agregó que el informe final que los auditores presentaron ante la Cámara de Primera Instancia, para que realizará un juicio de cuentas, contenía dos irregularidades.
Una de ellas se desvaneció porque el jefe del Departamento de Contabilidad de la CEL, Miguel Orlando Chávez Martínez, dijo a su favor que había finalizado el tiempo para que los auditores revisaran su gestión.
Esa caducidad le exoneró de tener que explicar qué ocurrió con los $544,445.72 que no fueron utilizados y que eran parte del préstamo BCIE-1865, con el que se estaba financiando parte del proyecto, ya que logró eludir su responsabilidad administrativa, debido a que los auditores señalaron demasiado tarde el uso inadecuado de esos fondos.
“Lo cuestionado tuvo lugar en
el período comprendido del 19 de septiembre de 2008 al 28 de febrero de 2009, por lo que al aplicar lo establecido en el artículo 95 de la Ley de la Corte de Cuentas y tomando como base la última fecha del período ya relacionado, resulta que el informe final fue emitido transcurridos cinco años, cinco meses y 11 días, desde el 1.º de enero del año siguiente en que tuvo lugar el hecho auditable”, se lee en la resolución de la cámara al declarar la nulidad. El plazo que otorga la ley es de cinco años.
La magistrada presidenta consigna en el escrito que envió a la FGR que los directores de auditoría retrasaron a propósito el informe al otorgar tres prórrogas al plazo de la auditoría.
El único hallazgo que sobrevive es la irregularidad en los pagos injustificados en gastos de oficina y alquiler de casas para los trabajadores, por un monto de $210,912.71. En el escrito, los jueces también explican que para esta irregularidad el jefe de Tesorería de la CEL, Roberto Ernesto Jacome; el coordinador de proyectos, Jaime Contreras Lemus; y el director del proyecto y administrador del contrato, Mario Roberto Campos Monterrosa, no presentaron justificación, por lo que mantuvieron la deficiencia, sin embargo, el caso también podría ser considerado como caducidad. Algo que debe determinarlo la Cámara de Segunda Instancia, donde están los tres magistrados de la CCR.
Este periódico investigó en mayo de 2017, que esos dos hallazgos que reportaron los auditores no fueron los únicos que encontraron en durante el examen especial. Según los papeles de trabajo (documentos que respaldan la auditoría), revisados por LA PRENSA GRÁFICA, los auditores encontraron seis irregularidades, que suman unos $150 millones, en el contrato y ejecución de la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, obra ubicada en el municpio de Carolina, departamento de San Miguel. Sin embargo, el director de Auditoría Cuatro, emitió un informe final en donde solo dos irregularidades fueron informadas.
Rivas le dijo ayer a este periódico que además de notificar la FGR sobre la irregularidad en la auditoría, la CCR también ha comenzado a realizar una indagación interna para deducir responsabilidades administrativas.
CEL contrató a la empresa italiana ASTALDI para la construcción de El Chaparral, por $219 millones. Luego la constructora paró el proyecto alegando que la montaña sobre la que levantaría el embalse se había movido y pidió más dinero para continuar. Pese a que el contrato no permitía modificaciones, el gobierno de Mauricio Funes pactó un arreglo por $108 millones en 2012. Un año después, la CCR inició la auditoría.
Por ese contrato, hay un proceso penal contra Funes, Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Miguel Menéndez, “Mecafé”; y Mario Pieragostini, de Astaldi. Los otros dos imputados son Mitchell Guzmán, actual pareja de Funes; y José Quinteros, contador que trabajaba para Astaldi.
“La ley dice que debe abrirse un expediente a los responsables, por lo que se le certifica a la Fiscalía General de la República (FGR)”.
CARMEN ELENA RIVAS, PRESIDENTA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.