Cámara ordena repetir juicio contra exalcaldesas
Las exfuncionarias y elextesorero de San Sebastián Salitrillo fueron absueltos en un juicio anterior.
La Cámara de lo Penal del Occidente del país ordenó anular el juicio que enfrentaron Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, Blanca Estela Cortez de Lima y Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, exalcaldesas de San Sebastián Salitrillo y extesorero municipal, respectivamente, durante los periodos de 2012 al 2018, quienes fueron sobreseídos por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, donde enfrentaron juicio por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de empleados de la municipalidad.
La Cámara también ordenó que se repita el juicio y que el Juzgado nombre un nuevo juez para que vea la causa, debido a la absolución que emitió contra los imputados un juez suplente el pasado viernes 6 de septiembre, luego de dos días de juicio. Así lo anunció ayer por la tarde la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser notificada por la Cámara, ante un recurso de apelación que presentó la parte fiscal por no estar de acuerdo con la resolución absolutoria del juzgado.
Los tres procesados son señalados de apropiarse de cuotas de los empleados municipales por un valor de $593,245.97, correspondientes al Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) y fondos de pensiones, según las investigaciones hechas por la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación fiscal, estas cuotas fueron descontadas de los salarios de los trabajadores de manera mensual, pero no fueron trasladas a sus destinatarios, generando problemas a los empleados, y que algunos tuvieron atrasos para poder jubilarse. Según la Fiscalía, pese a que los imputados no pudieron establecer en qué se usaron estos fondos y que durante el juicio se presentaron suficientes pruebas contra ellos, el juez emitió un fallo absolutorio, por lo que la resolución fue apelada.
La exalcaldesa Aguilar de Ochoa y el extesorero Álvarez Mendoza también enfrentan un segundo proceso judicial por el mismo delito, por un monto de $325,000 correspondientes a cuotas mensuales de créditos personales que poseían empleados.