Exigen cese a la violencia contra las mujeres
Pidieron al sistema judicial mayor diligencia en casos que afectan a este sector y protección a las denunciantes.
Mujeres de las comunidades del municipio de San Vicente, mujeres policías y militares en compañía de autoridades locales recorrieron ayer las principales calles de ciudad portando pancartas alusivas a la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, la cual contó la participación de banda regimental de la Quinta Brigada de Infantería.
La marcha finalizó en la plazuela Nuestra Señora del Pilar, de esa ciudad, donde las representaciones de las instituciones informaron a las asistentes sobre la ruta de atención a víctimas de violencia.
El evento fue organizado por la Unidad de la Mujer de la alcaldía vicentina, la comisión municipal de género y Cruz Roja Salvadoreña con el proyecto Salud e integración social, como parte de uno de los componentes de género y masculinidad, que ejecutan en siete comunidades de esta localidad.
La violencia de diferente tipo contra la mujer sigue latente en San Vicente, ya que según Esperanza López, responsable de la Unidad de la Mujer de la municipalidad, la ejercida en el seno familiar es la que más casos registra.
No especificó cuántos se reportan a la fecha en 2019, pero su afirmación coincide con las denuncias que registra la Unidad Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia y la Oficina de Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC) de la Policía Nacional Civil (PNC) en esta jurisdicción.
En agosto pasado, en UNIMUJER-ODAC informaron que de enero a julio de este año, esta oficina contaba 117 denuncias de 33 diferentes tipos de violencia. De estas, 35 corresponden a violencia intrafamiliar.
Las amenazas a mujeres en ese período sumaban 19, mientras que el año pasado fueron 15, de ahí seguían en menor escala denuncias por lesiones, expresiones de violencia, violación y violación en menor o incapaz.
Para López, aún hay retos que se deben asumir desde las entidades, principalmente en concientizar a las mujeres, pero es necesario que la violencia arraigada contra mujeres y niñas sea judicializada.
“Los casos no son diligentes, es decir no se atiende a la mujer como se debe por parte de los operadores de justicia. Tampoco tenemos espacios físicos para dar resguardo a víctimas, víctimas que no requieren de acogida de 72 horas, sino mientras duran los procesos penales (contra los victimarios)”, recalcó la funcionaria.