El primer deber actual de todas las instituciones públicas se centra en ganar permanentemente la confianza ciudadana

NO HAY QUE PERMITIR QUE NINGUNA FORMA DE POPULISMO O DE PERSONALISMO VAYA A DESVIRTUAR LA SECUENCIA PROPIA DE UNA DEMOCRACIA BIEN CONCEBIDA Y BIEN VIVIDA.

Una de las expresiones más elocuentes de lo que debe ser el ejercicio democrático en su auténtico sentido y en su real dimensión es la que se da cuando la ciudadanía se vuelve de veras visible en su papel primordial: la de ser el sujeto en el que reside la soberanía nacional, según lo establece la Constitución de la República en su Art. 83, que dice así: “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución”. Y más adelante, para que no quede duda, afirma en su Art 86: “El poder público emana del pueblo. Los órganos de Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes”. Y todo eso es pieza clave insustituible dentro del accionar democrático, a cuyo perfeccionamiento hay que aplicarle toda la atención necesaria.

Estamos en un momento muy decisivo al respecto, sobre todo porque el sentir de la ciudadanía se viene manifestando con creciente elocuencia tanto crítica como esperanzadora. Luego de la experiencia vivida en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de este año, ya no es ocultable bajo ninguna excusa, evasiva ni pretexto el deber de responderle a dicho sentir, en todas las expresiones del mismo. Hoy la pelota está en todas las canchas del quehacer político e institucional, y así hay que asumirlo y administrarlo.

Tanto las fuerzas políticas que recibieron la reprimenda ciudadana en las urnas como el movimiento que resultó ampliamente favorecido en las mismas están ante una prueba verdaderamente decisiva en el plano de los hechos: todos tienen que recoger los respectivos mensajes para que sus correspondientes conductas se orienten a atender dichos mensajes en la forma adecuada y suficiente, de tal modo que no haya traspiés en lo que sigue.

Las instituciones, del rango y de la índole que fueren, deben tomar la debida conciencia del auténtico rol que les corresponde según su naturaleza y funciones, y a la vez encarrilar todos sus procedimientos y todas sus actuaciones de acuerdo con los mandatos legales y con las visiones constructivas de una sociedad y de un país puestos al día en todos los órdenes. El Salvador tiene que sumarse al dinamismo renovador de los tiempos, incorporándose creativamente a las aceleradas innovaciones en el conocimiento, en la productividad y en las movilidades globales que están en expansiva vigencia.

Dadas las condiciones actuales de El Salvador y de su proceso evolutivo, nuestro país presenta un escenario mucho más propicio para todos estos avances que el de los otros países del entorno. Esto hay que aprovecharlo al máximo y sin ninguna tardanza, para ir recuperando de manera progresiva aquel liderazgo subregional del que gozó en épocas pasadas, y que fue perdiendo en las décadas recientes, por descuidos injustificables y por abusos acumulados.

No hay que permitir que ninguna forma de populismo o de personalismo vaya a desvirtuar la secuencia propia de una democracia bien concebida y bien vivida, y tampoco hay que dejar que las viejas inercias reasuman su perverso dominio de la realidad, como ha pasado por tanto tiempo. Estamos en un momento en que la vigilancia ciudadana deber ir al paso con las aspiraciones legítimas de modernización que circulan por el ambiente.

Si se logra que todas las gestiones públicas tengan un permanente enlace armonioso con los propósitos de progreso estabilizador que surgen de la ciudadanía, estaremos de veras en la línea del avance más acorde con la evolución.