EXFISCAL MARTÍNEZ OBTUVO $1.7 MILL EN CORRUPCIÓN: FISCALÍA
Investigación final de Corruptela confirma que el expresidente Mauricio Funes y Enrique Rais sobornaron al exfiscal Luis Martínez a cambio de impunidad. Red ligada a Martínez tuvo ingresos ilícitos de $1.7 millones, según pruebas de Fiscalía.
El ex fiscal general Luis Martínez lideró un entramado de corrupción judicial en el interior de la Fiscalía General de la República (FGR) que le permitió apropiarse de fondos públicos y hacer favores a cambio de dádivas por un total de $1.7 millones. Entre los acusados de dar dinero ilegal a Martínez están los prófugos Mauricio Funes, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
El total de fondos ilegales que recibió el ex fiscal general fue dado a conocer ayer por una representante del Grupo Contra la Impunidad (GCI), de la FGR, la misma institución que dirigió Martínez entre 2012 y 2015. La investigadora habló tras presentar, en el dictamen de acusación, el resultado final de la investigación contra Martínez y 29 imputados más en el caso conocido como Corruptela, ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
La fiscalía llevó ante los juzgados la investigación inicial de Corruptela en octubre de 2018. Ayer. un año después, el GCI señaló que logró comprobar que los 30 acusados formaron un entramado que sustrajo fondos de la Fiscalía y que dio sobornos a Luis Martínez
para recibir impunidad.
Una de las nuevas pruebas más relevantes que tiene el GCI es una pericia que, según explicaron, corroboró que Martínez se quedó con $1.7 millones de fondos ilícitos cuando fue fiscal general. Se trata del dinero que, según la FGR, se apropió de la institución que dirigió por tres años y los sobornos que recibió. Las dádivas a Martínez, como reveló la FGR hace meses, no eran solo dinero en efectivo, sino también vehículos.
“Se ha determinado fueron seis vehículos los que le fueron entregados (a Martínez). La pericia ha podido determinar que la cantidad de dinero oscilaba entre $1.7 millones. Es el monto total que se determinó que recibió el señor Luis Martínez de los empresarios, las otras personas particulares y del dinero que peculó (se apropió) de la institución”, explicó la FGR.
Luis Martínez no se quedó con todo ese dinero, según las investigaciones. Repartió los fondos con otros empleados fiscales que per
“En la Fiscalía había una red dirigida por Luis Martínez y otros que recibían dádivas de funcionarios y empresarios”.
FISCAL, CASO CORRUPTELA “(La FGR) no presenta pruebas de la entrega de esas dádivas, solo lo dicho por un (testigo) criteriado, y tampoco en qué fui beneficiado”.
MAURICIO FUNES, EXPRESIDENTE DE EL SALVADOR, NACIONALIZADO NICARAGÜENSE
tenecieron a la red, como dos de sus colaboradores de confianza: el ex gerente general de la FGR Mauricio Antonio Yánez y el ex fiscal adjunto Édgar Isaías Márquez, incluidos en los 30 acusados de Corruptela. “Esos dineros lo usaron los procesados para reparación de vehículos, adquirir joyas, viajes al extranjeros. Todos estos dineros fueron introducidos al sistema financiero”, dijo la fiscal.
La investigación final de Corruptela, que está reflejada en 1,649 páginas, reafirmó que Funes
sobornó a Martínez para que no investigara la supuesta corrupción en la presa El Chaparral, según la Fiscalía. Funes, que tiene cinco órdenes de captura por corrupción, supuestamente pagó para que Martínez no investigara las negociaciones con Astaldi, la constructora de El Chaparral, que le permitieron cobrar un soborno de $3.5 millones, junto con otros exfuncionarios.
El expresidente, asilado en Nicaragua, escribió ayer en su cuenta de Twitter que la FGR es “poco profesional y manipuladora de las evidencias”.
El prófugo Enrique Rais también dio dinero y viajes en aviones privados a Martínez como sobornos para supuestamente fabricar casos contra sus adversarios. El Juzgado Cuarto de Instrucción ha aceptado en el proceso como posibles víctimas de Rais a la pareja Mario Calderón y Claudia Herrera, a quienes la fiscalía de Martínez inventó acusaciones, dijo el GCI.
Los imputados de Corruptela, seis de ellos prófugos, enfrentan acusaciones por nueve delitos: peculado (apropiación de fondos públicos), soborno, cohecho activo, negociaciones ilícitas, falsedad documental agravada, omisión de la investigación, lavado de dinero, falsedad ideológica y privación de libertad por funcionario o empleado público.