FGR pide apoyo a CICIES para indagar tres casos
CICIES anunció tiene presupuesto asignado y recibirá a sus colaboradores a partir del próximo mes. La FGR le solicitó asistencia técnica con tres casos ligados a la supuesta corrupción de gobiernos anteriores.
La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de El Salvador (CICIES) asiste desde ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) con la investigación de tres casos de corrupción: la asignación y uso del subsidio al transporte público, la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) y la última etapa del caso de la presa hidroeléctrica El Chaparral.
El fiscal general, Raúl Melara, aclaró que la comisión internacional solo brindará “asistencia técnica” a la Fiscalía. Se trata de elementos con los que “hoy por hoy ( se) pueda no contar”.
“Debe quedar claro, FGR investiga y OEA- CICIES asiste con su experiencia internacional”, reiteró Melara ayer durante una conferencia de prensa.
El vocero interino de la CICIES en El Salvador, Ronalth Ochaeta, dijo que la recepción de la solicitud de ayuda era con base al artículo 6 del convenio suscrito con la Fiscalía y que buscarían erradicar la corrupción en el país.
“Tenemos financiamiento y estamos buscando más todavía. Hay contrataciones para peritos forenses, para un juez que tenga experiencia en juzgamiento de casos y fiscales”, detalló Ochaeta. Agregó que la CICIES espera al personal designado a partir del mes de febrero próximo.
El fiscal general explicó que se
RAÚL MELARA, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.
RONALTH OCHAETA, VOCERO INTERINO DE LA OEA PARA LA CICIES.
rá la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR que deberá procesar y “determinar la pertinencia” de la información dada por la CICIES. Por el momento, de acuerdo con Melara, los casos están “diseminados” en diferentes unidades fiscales, pero pasarán a la dirección especializada.
AVANCES
El fiscal general valoró que a pesar que la Fiscalía ya judicializó el caso de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, la CICIES puede colaborarles con algunas diligencias; en cambio, los otros casos no se han “diligenciado” con la “debida celeridad y prontitud”.
Antes de su participación en la 74.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente de la república, Nayib Bukele, anticipó que la CICIES ya había comenzado a investigar dos casos de corrupción en El Salvador: la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral y la operación del SITRAMSS. Sin embargo, se supo después que la labor de la comisión solo sería de asistencia técnica.
El 31 de octubre pasado, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, envió un escrito al fiscal Melara para dejar en claro que sospechaba que dos auditores encargados de realizar el examen especial sobre la construcción de la presa desvanecieron seis hallazgos.
Los auditores, además, retrasaron el informe a propósito para que no fuera llevado a juicio de cuentas, confirmó Rivas; los hallazgos omitidos sumaban un total de $150 millones dentro el contrato y ejecución de la presa, según los papeles de trabajo de la CCR revisados por LA PRENSA GRÁFICA en noviembre de 2019.
También en octubre, el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, solicitó a la FGR ampliar la investigación por más supuestos indicios de corrupción en la presa. De acuerdo con Álvarez, la corrupción podría haber continuado en la fase II, durante la gestión del expresidente de la república Salvador Sánchez Cerén.
En el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, a cargo de la jueza Nora Montoya, el proceso contra el expresidente Mauricio Funes por la fase I tiene una ampliación de plazo, hasta el 13 de mayo de 2020, para que Fiscalía presente pruebas que sirvan de base para un posible juicio.
Fiscalía sostiene que Funes pactó darle a la empresa constructora Astaldi $108,500,000 en un “arreglo directo” el contrato entre CEL y la constructora; Funes y sus exfuncionarios recibieron al final un soborno de $3.5 millones.
MELARA: “DILIGENCIAS SIN PRONTITUD”
Sobre la asignación al subsidio del transporte público, la FGR inició una investigación desde el 7 de enero pasado tras la aprobación por parte de los diputados de la Asamblea de la prórroga al beneficio el 31 de diciembre de 2019. El diputado David Reyes estimó que en 12 años los transportistas han recibido alrededor de $700 millones en concepto de este beneficio.
Sobre el SITRAMSS, en octubre de 2018, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, fue notificado por la CCR que debía pagar $2.4 millones por irregularidades en la construcción de un tramo y estaciones del proyecto. La sentencia de Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR detalló que Martínez ignoró que la empresa constructora CYMIMEX S. A de C. V. no siguió las especificaciones técnicas del contrato.
Junto a Martínez fueron condenados el viceministro de Transporte, Nelson Napoleón García, el gerente del SITRAMSS, Ricardo Olmos, el administrador del contrato y el supervisor ad honorem de la unidad ejecutora del SITRAMSS.
El juicio de cuentas inició tras el hallazgo de irregularidades por más de $5 millones a través de una investigación contable del “examen especial al contrato 2572/OC-ES”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según la publicación de LA PRENSA GRÁFICA que data de octubre de 2018. La FGR ha decidido abrir investigación sobre este caso.