TESTIMONIO DETALLA SUPUESTA CORRUPCIÓN DEL EXEMBAJADOR EN HONDURAS
Propietaria confirmó a Cancillería que falsificó contrato de alquiler para la sede de la embajada en Honduras. La FGR sospecha que Sigifredo Ochoa Pérez se apropió de $ 41,040 durante su gestión con la transacción amañada.
El 4 de julio de 2005, el exembajador Sigifredo Ochoa Pérez se reunió con Soledad Funes de Donaire. Firmaron dos contratos de alquiler por un mismo local, donde funcionaría la embajada de El Salvador en Honduras: un convenio oficial por $ 3,000 y el otro por $ 2,200. El propósito era que el Gobierno pagara la cantidad mayor y Ochoa se quedara con la diferencia de $800 mensuales con la excusa de que los utilizaría para “gastos de la embajada” en Honduras.
Soledad Funes, hondureña propietaria del inmueble, confirmó que firmó los dos contratos con el exmbajador Ochoa Pérez. El arrendamiento tenía vigencia hasta junio de 2009. Lo confesó en una reunión con Juan José Figueroa Tenas, quien estuvo al frente de la embajada en el vecino país después de Ochoa, entre 2015 y 2018, consigna la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones iniciales.
Las sospechas de la Fiscalía son que, durante los cuatro años de los contratos (2005-2009), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) canceló $3,000 mensualmente por un local cuyo valor real era de $2,200. La dueña del inmueble le comentó a Figueroa Tenas que esa diferencia de $800 entre los contratos de alquiler se la dio cada mes a Ochoa Pérez. La FGR sostiene que el exembajador se lo apropió y cometió el delito de peculado.
Según Funes de Donaire, el también exdiputado Ochoa Pérez le dijo que, aunque el precio del local era de $ 2,200, tenía que regresarle en efectivo los $800 mensuales porque los utilizaría para “gastos de la embajada”. La mujer aseguró en la reunión con Figueroa Tenas, el 22 de febrero de 2016, que aceptó el trato ilegal porque le urgía alquilar el local.
La Fiscalía ha logrado certificar que, desde el 9 de junio de 2005, Ochoa Pérez inició su estrategia para trasladar la embajada de la antigua sede en la colonia Rubén Darío de Tegucigalpa (Honduras). Envió una nota al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Laínez, para informar que el inmueble donde estaba no cumplía las condiciones y pidió autorización para alquilar otro local que había ubicado.
El canciller Laínez no respondió a la solicitud, registrada como ESTH.SOP.VP00552/2005. El 21 de junio, Ochoa Pérez envió otra nota para informar a Laínez que el inmueble que había ubicado fue alquilado por la tardanza en la respuesta a su petición. A la vez, aseguró que había localizado otro lugar más grande, en la colonia Altos de Miramontes, de la capital hondureña. Era el inmueble de Soledad Funes.
El exembajador, que fungió en las gestiones de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, detalló a las autoridades de Cancillería que la propietaria solicitó $4,000 mensuales por el inmueble, pero que logró negociar una rebaja a $ 3,000. Obtuvo la autorización y firmó los dos contratos el 4 de julio de 2005: el oficial por $ 3,000 y el ilegal por $2,200. El precio signi
“Hasta este momento de la investigación contamos con prueba tanto documental como testimonial para sostener cada una de las acusaciones que se realizan”. FISCAL ANTICORRUPCIÓN
“De ese contrato ($ 2,200) no podemos dar detalles porque es algo que la señora estableció. No está firmado, sellado ni adjudicado por el Estado para que se pudiera cobrar”.
MARLON GRANADOS,
ABOGADO DEFENSOR DE SIGIFREDO OCHOA PÉREZ
ficó un aumento de $600 cada mes respecto a lo que pagaba El Salvador por la antigua sede.
Durante los cuatro años de los contratos, el MIREX desembolsó $144,000, cuando el valor real del alquiler fue de $105,600. El excedente de $38,400 se lo quedó el exembajador Ochoa Pérez, según las investigaciones que la Fiscalía presentó en diciembre de 2019 al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
El 14 de mayo de 2009, cuando el contrato estaba por expirar, Ochoa Pérez solicitó la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MIREX para continuar el alquiler del inmueble, aunque el contrato tendría un aumento del 10 % y el precio se elevaría a $3,300. La Cancillería lo aprobó con duración hasta julio de 2014. Ese 10 % de incremento hizo que el otro contrato de menor valor, firmado por debajo de la mesa, según la Fiscalía, pasara de $2,200 a $2,420.
El supuesto excedente ilegal que empezó a cobrar Ochoa Pérez, asegura la FGR, aumentó a $880 mensuales desde julio de 2009. Pero el exdiplomático solo lo pudo cobrar tres meses, hasta septiembre, cuando el gobierno de Mauricio Funes le pidió que regresara a El Salvador para una consulta, que a la postre terminó en su destitución el 22 de diciembre. En total, la FGR cree que Ochoa Pérez se apropió de $41,040 de forma ilegal.
OTROS TAMBIÉN COBRARON
Desde que Ochoa Pérez regresó a El Salvador, la dueña aseguró que Walter Amaya Escalante, ex ministro consejero de la embajada, empezó a cobrar el excedente ilegal de $880, hasta que dejó su cargo el 31 de mayo de 2015. Cuando Amaya se fue de la embajada, Soledad se quedó con el sobreprecio, hasta que la descubrieron, según la Fiscalía. El 1 de diciembre de 2014, la embajada en Honduras firmó otro incremento del contrato, con vigencia hasta 2018.
El exembajador Juan José Figueroa descubrió las irregularidades cuando asumió y vio que en la embajada no existía constancia del contrato inicial de alquiler. La sede diplomática pidió a Funes que diera una copia y, en 2016, ella entregó el contrato con el precio real: $2,200. La propietaria tuvo que reunirse con Figueroa y aceptó que firmó los dos convenios. El 17 de enero de 2018 interpuso la denuncia Roger Martínez, exministro de Relaciones Exteriores.
Además de Ochoa Pérez, la FGR acusado de peculado a Walter Amaya y Soledad Funes. En total, los tres imputados supuestamente se quedaron con $107,920 públicos. El abogado de Ochoa Pérez, Marlon Granados, calificó como “risible” las acusaciones de la FGR porque, a su criterio, están basadas en las declaraciones de una imputada contra los otros procesados.
“Hay un contrato fehaciente que es el de $3,000. De ese contrato ($2,200) no podemos dar detalles porque es algo que la señora estableció. No está firmado, sellado ni adjudicado por el Estado para que se pudiera cobrar sobre él. La señora obtenía el dinero a través del contrato de $3,000 y entraba a sus arcas. Los $3,000 eran para ella”, defendió Granados.
La FGR confirmó que la propietaria reintegró al Estado los $107,920 que se apropiaron los tres imputados, que enfrentan el proceso en libertad, aunque eso no los exonera del delito.