FGR abre investigación por militarización de la Asamblea
Ministerio Público exige respeto a la Constitución y pide evitar llamados a la violencia o amenaza a instituciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que ha iniciado una investigación por los acontecimientos del domingo pasado en los que la Asamblea Legislativa fue militarizada tras la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria.
En un comunicado oficial, la FGR expresó que “en vista de que incluso se está desafiando y amenazando el orden público y constitucional por medio de discursos y declaraciones en redes sociales”, exige respeto a la Constitución de la República.
Dos de los personajes que han actuado en esa línea de llamar a la insurrección son Walter Araujo y Giovanni Galeas, operadores políticos del actual Gobierno, quienes han convocado a una protesta el próximo domingo en las afueras de la Asamblea Legislativa. Incluso Araujo, en un video, ha pedido a funcionarios del Gobierno y al presidente Nayib Bukele y a las Fuerzas Armadas a que no intervengan.
Araujo, además, ha pedido “al pueblo” hacer valer el artículo 87 de la Constitución el cual dice que “se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema
“Se reconoce el derecho a la lidertad de expresión de los ciudadanos, pero no al llamamiento a la violencia o amenaza de las instituciones en el ejercicio de sus atribuciones Constitucionales”. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN COMUNICADO OFICIAL
político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”, mientras que Galeas mencionó que “si los diputados siguen por el camino por el que parecen ir, nosotros ya no necesitaremos la convocatoria del presidente Bukele para activar nuestro derecho a la insurrección”.
Ante ello, la FGR aseguró que si “la investigación iniciada arroja indicios de delito (sedición y rebelión) se tomará acciones legales contra las personas involucradas”.
“Se reconoce el derecho a la lidertad de expresión de los ciudadanos, pero no al llamamiento a la violencia o amenaza de las instituciones en el ejercicio de sus atribuciones Constitucionales”, agregó la FGR.