Es vital para el sano desempeño del proceso nacional que todas las funciones institucionales se ajusten a la ley y a la ética

Los salvadoreños estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo una dinámica evolutiva que nos pone ante diversos desafíos, entre los cuales la remodelación depuradora del quehacer público en sus más variadas formas es un imperativo de supervivencia y de sostenibilidad normal de la democracia en acción. Es indispensable reconocer que la democracia no es quehacer mecánico que pueda sostenerse por su sola cuenta: requiere un constante y efectivo compromiso tanto de la sociedad en su conjunto multifacético como de los diferentes sectores y actores que se mueven dentro de ella. Y hay que insistir sistemáticamente en este punto porque casi todos los desajustes y trastornos que padecemos en el ambiente sociopolítico derivan de que la función pública sigue siendo sospechosa e ineficiente sobre todo en las áreas más vinculadas con el poder institucional.

En tal sentido, hay que poner en claro de entrada que la clave está en que el bien común opere como el objetivo incuestionable en el manejo y en los resultados de las acciones y de las gestiones públicas, que son las que mueven el aparato estatal en sus variadas manifestaciones. La ciudadanía se halla cada vez más consciente de ello, y eso es lo que principalmente determina que exista hoy un cuestionamiento constante sobre lo que se hace y se deja de hacer en todos los campos de las dinámicas institucionales y gubernamentales. Y como reflejo de lo que enfoca y reclama el sentir ciudadano van surgiendo iniciativas y proyecciones desde entidades específicas de las más diversas índoles.

Hay demandas, propuestas y destapes por doquier y en cadena sustancialmente continuada, y eso, que visto superficialmente parece un foco de convulsiones, es en verdad una línea de reajustes correctivos en función de sanear estructuralmente el sistema en su conjunto. Y en lo estructural se dan iniciativas para que puedan desarrollarse bases firmes que permitan que todo camine mejor y con las credibilidades pertinentes. Así, está hoy en discusión en el seno de la Asamblea Legislativa la Ley de Servicio Público, que sería una contribución al eficiente desempeño institucional y a la seguridad de que la Función Pública cumple de veras con todos sus cometidos y responsabilidades.

CASI TODOS LOS DESAJUSTES Y TRASTORNOS QUE PADECEMOS EN EL AMBIENTE SOCIOPOLÍTICO DERIVAN DE QUE LA FUNCIÓN PÚBLICA SIGUE SIENDO SOSPECHOSA E INEFICIENTE.

Al respecto, se ha dado a conocer una Declaración de Rectores y Rectoras de Instituciones de Educación Superior del país en apoyo a dicha Ley en discusión desde hace más de dos años. En uno de sus párrafos dice la Declaración aludida: “El Salvador debe dar pasos firmes en la construcción de una administración imparcial, profesional y eficiente, cercana a la ciudadanía, capaz de contribuir al desarrollo sostenible, a la mejora de la calidad de vida de la población, la justicia y el bienestar social”. Lo que en verdad ya no se puede ni se debe es mantenernos en este limbo de inconsistencias funcionales y administrativas, en el que se multiplican los virus de la ineficiencia y de la corrupción que tantos daños y trastornos generan en el ambiente como es tan fácil constatar.

Los actores políticos tienen en todo esto una responsabilidad de primer orden, y por consiguiente les atañe en primer término hacer cuanto sea necesario para garantizar el desempeño saludable y confiable de las instituciones nacionales. No es cosa de dedicarse a señalar responsables y buscar culpables, aunque desde luego los responsables y los culpables tengan que salir a la luz en su momento: lo fundamental es potenciar que el sistema sea seguro y consistente.

Insistimos en la necesidad de que todos estemos alertas frente a todo lo que pasa en los ámbitos públicos, para desde ahí contribuir a mover voluntades en dirección hacia un país más fortalecido y más visionario.