ABOGADOS DISCREPAN SOBRE LEGALIDAD DE FASES DE REAPERTURA
Lamentaron que el país esté en un limbo legal porque no hay acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo para enfrentar la emergencia.
Las fases de reapertura económica en El Salvador fueron aprobadas vía
decreto ejecutivo, pese a que tienen implicaciones para varios derechos fundamentales, como a la libertad económica, al trabajo, y a la movilidad, entre otras, que requieren una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, señalaron abogados consultados por LA PRENSA GRÁFICA.
“La suspensión de la segunda etapa puede estar justificada, pero debe venir por vía legislativa”, dijo Eduardo Escobar, director de Iniciativa Ciudadana. “Sí hay una justificación por el incrementos de los contagios, pero se abre el debate si el cierre debe ser total o parcial”, agregó.
A esto se suma el costo económico y social que se puede generar por el retraso de la reapertura, que no implica ponerlo en un balance contra el salud o la vida, sino que las autoridades deben equilibrar su ejercicio al tomar este tipo de medidas.
La abogada Ruth López considera que las etapas de reapertura económica contenidas en el decreto ejecutivo 31 son inconstitucionales, porque suponen la existencia de una regulación que suspenda derechos o establezca limitaciones, previamente aprobada por la Asamblea Legislativa, “disposiciones que no existen, porque el mismo presidente las ha vetado”, recordó.
En esto coincide el abogado Humberto Sáenz: “El vicio de esa normativa es el mismo, desde su origen, el Ejecutivo ha determinado las actividades que pueden funcionar, y deja en suspenso a otros sectores, lo que implica suspensión de derechos fundamentales, el vicio sigue siendo exactamente el mismo”.
Por su parte, Claudia Ortiz, directora nacional de Asuntos Políticos del partido VAMOS, señaló que los partidos actuales y el presidente nos han metido en un problema: basar las fases de reapertura en un calendario solo hacia adelante, que no se acomodan a la evolución de la situación. “El conflicto que ha estado causando el presidente con los demás órganos del Estado ha minado la posibilidad tomar acuerdos sobre parámetros más objetivos”, dijo Ortiz. “Lamento que como país no hemos podido tomar decisiones basadas en información”, añadió.