Bioseguridad en Juzgados a causa de pandemia
Tribunales están implementando normas de desinfección y usando la tecnología para evitar contagios de covid-19 entre personal y visitantes.
La pandemia del covid-19 ha obligado al personal de todos los juzgados del país a tomar sus propias medidas de seguridad durante los diferentes procesos judiciales que a diario realizan, como en el caso del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, que el pasado viernes 26 de junio retomó el proceso judicial contra el grupo de militares procesados por la masacre El Mozote y lugares aledaños. Una alfombra mojada con líquido desinfectante y una cinta amarilla, delimita la distancia entre el visitante y el encargado de la seguridad que se encuentra a la entrada del edificio donde se encuentra el Juzgado, y después de proporcionar los datos personales y el motivo de su comparecencia, el visitante debe pasar a los dispensadores de alcohol gel que han sido colocados en el edificio, y luego subir al segundo nivel donde se encuentra el Tribunal de Instrucción.
En la entrada a la secretaría del tribunal hay otras alfombra con desinfectante y más alcohol gel. Para ingresar, dos empleados judiciales rocían con desinfectante los objetos y parte del cuerpo del visitante que entrará a la sala de audiencias en donde desde el año 2016 se ventila el emblemático caso, pero que desde hace más de tres meses estuvo en suspenso por la pandemia. Adentro de la sala de audiencias también se han tomado medidas para respetar el distanciamiento social, las sillas han sido colocadas a un metro una de la otra, y se ha reducido al mínimo el número de asistentes. Normalmente, en otras audiencias del caso se ha permito la presencia de unas 75 personas, está vez solo hubo acceso para 20. “Estamos en una situación por la cual el tribunal pide disculpas por los inconvenientes, pero las medidas que se están tomando ya todos sabemos el motivo, y vamos a desarrollar esta audiencia con las medidas que el Ministerio de Salud nos ha dictado a efectos de evitar el contagio del covid-19”, dijo el juez Jorge Guzmán Urquilla, antes de iniciar la audiencia. Además, el uso de mascarilla es indispensable para quienes ingresan al tribunal, y el juez y sus colaboradores además usaron de guantes de látex.
A diferencia de otras ocasiones, este vez solo asistió un fiscal, al igual que del grupo querellantes, solamente se presentó el abogado David Morales con un asistente y un técnico. Por parte de la defensa hubo dos personas, y nada más se permitió acceso para los primeros tres periodistas que llegaron al juzgado. En vista de las medidas de bioseguridad implementadas por el tribunal, Morales, que representa a la Organización Cristosal, pidió al juez Urquilla que en atención “al principio de publicidad procesal” se abriera un canal de conferencia virtual para que los periodistas y víctimas de la masacre pudiesen seguir el desarrollo de la audiencia, lo cual fue avalado por el aplicador de justicia. Ese día, hubo una conexión virtual para que las personas que no llegaron al tribunal pudieran ver la audiencia a través de un enlace compartido por Cristosal.