UNA JUSTICIA SIN MÁS EXCUSAS
El Centro de Estudios Jurídicos apoyó decididamente la aprobación de la reciente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en agosto de 2017 celebramos con entusiasmo la aprobación de dicha ley porque modernizó la justicia salvadoreña y abrió nuevas oportunidades para la protección de los derechos fundamentales. Tres años más tarde, y en esta situación sanitaria excepcional, podemos observar que hace falta mucho para una verdadera garantía de justicia frente a las decisiones y actuaciones de la Administración Pública.
Los principales beneficios de la nueva ley radican en la desconcentración de los tribunales, acercando físicamente las oficinas a la ciudadanía, y la consolidación de muchas prácticas judiciales a un texto legal, verbigracia, al brindar certeza sobre las nulidades. No obstante, no existió respuesta de los jueces frente a prácticas gubernamentales arbitrarias acaecidas en los meses recientes, tales como las prácticas arbitrarias en centros de contención o la falta de motivación en las decisiones administrativas.
La nueva jurisdicción contenciosa administrativa aún no está a la altura protegiendo los derechos de los administrados frente a los abusos de la administración pública, a partir de diversas concepciones que viene a privilegiar excesivos procedimentalismos por sobre los derechos. Por ejemplo, en ocasiones la primera respuesta de los jueces es declarar improponible la demanda con criterios cuestionables; tampoco se emiten oportunamente las urgentes medidas cautelares para proteger los derechos frente a los abusos de la administración pública.
Esta situación también genera incentivos al cumplimiento parcial o ralentizado de la Ley de Procedimientos Administrativos, puesto que ante la falta de un efectivo control judicial las distintas entidades públicas continúan exigiendo requisitos sin base legal, documentos emitidos por la misma oficina pública, o emitiendo resoluciones sin la suficiente justificación. Todo lo cual impacta directamente en el clima de negocios, puesto que no se concretiza la necesaria certeza a las inversiones, ni la gestión ágil de los trámites administrativos.
El Estado de Derecho no estuvo en cuarentena, y la justicia contencioso-administrativa debe contar con la valentía necesaria para hacerlo valer. Por ello, hacemos un llamado a la comunidad jurídica para impulsar el debido cumplimiento de la Ley, a las autoridades a respetar la normativa, y a los jueces a ejercer su cargo con independencia y sometimiento exclusivo a la Constitución y las leyes. Además, motivados en el espíritu académico, retomamos una sugerencia de 2017 de aplicar las nuevas tecnologías para facilitar el acceso ciudadano a la jurisdicción a través de formularios para la presentación de demandas para ciertos casos. Con estas herramientas, la ciudadanía habría contado con esta garantía para atender las graves situaciones vividas en este año.
En definitiva, la jurisdicción contenciosa administrativa debe estar dispuesta a proteger a los administrados frente al poder ilegal o arbitrario de las entidades públicas; no obstante, en El Salvador es un reto que aún sigue pendiente. Por muchos años, la excusa era la falta de una ley completa y novedosa, pero ahora es el momento de brindar resultados. La LJCA merece una revisión, tanto en sus competencias, en sus procedimientos, medidas cautelares, la necesaria introducción de la casación para armonizar la jurisprudencia, y el control sobre regulaciones infralegales.
La nueva jurisdicción contenciosa administrativa aún no está a la altura protegiendo los derechos de los administrados.