Inicia juicio de caso Carla Ayala con “Samurái” prófugo
Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, principal sospechoso de matar a la agente sigue prófugo desde hace dos años y nueve meses. La Fiscalía presenta pruebas contra supuestos cómplices.
100 TESTIGOS TESTIGOS ESTÁN PROGRAMADOS PARA DECLARAR EN EL JUICIO CONTRA LOS SUPUESTOS CÓMPLICES DEL CRIMEN.
Incumplimiento de deberes y encubrimiento. Los dos delitos por lo que son enjuiciados ocho policías y cinco particulares vinculados al feminicidio de la agente Carla Mayarí Ayala, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tras una fiesta de Fin de Año en la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), de la Policía Nacional Civil (PNC).
La razón de que el juicio, ventilado el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra las Mujeres, se centre en esos delitos es porque Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, principal señalado en el feminicidio, continúa prófugo de la justicia desde aquella madrugada, hace dos años y nueve meses.
La fiscalía busca demostrar que las 13 personas estuvieron involucradas en la muerte de la agente, aunque ninguna de ellas es la principal acusada del crimen: el agente élite “Samurái”.
Durante todo este tiempo, la Policía continúa sin dar con el paradero de “Samurái”, a pesar de que las investigaciones sostienen que fue él quien tomó una Smith y Wesson 9 milímetros, propiedad de la PNC, con la serie 5933 grabada en el cañón, y disparó en la pierna izquierda de la agente.
El disparo ocurrió en los asientos traseros de la patrulla policial número 02-2924. Adelante iban los también agentes del GRP Wilfredo Deras, conocido como “Gladiador”, y Ovidio Pacheco, como “Buffer”, acusados por la Fiscalía como cómplices de “Samurái” en el feminicidio de Ayala.
Las autoridades recriminan a Deras y Pacheco que no hicieron nada para impedir que Castillo atacara a la agente ni tampoco para capturarlo. Al contrario, según las investigaciones, ellos fueron parte del grupo que permitió que “Samurái” escapara y desapareciera a la agente, cuyo cadáver fue localizado en septiembre de 2018 después de una búsqueda que incluyó sendos errores de la PNC.
De acuerdo con la acusación presentada por la FGR, cuenta con 172 documentos, 48 pericias, 95 testigos y nueve pruebas de “otro tipo” para demostrar la culpabilidad de los imputados.
En total, está proyectado que durante el juicio desfilen 100 testigos, aunque la querella en el caso señaló ayer que han recibido denuncias de que algunos jefes de la Policía mantienen presión a algunos agentes para que no asistan a declara en el proceso.
Además del prófugo, Deras y Pacheco también enfrentan el juicio el exjefe del Gruo de Reacción Policial, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; Salvador Chávez, Álex López, Joel Castillo, Víctor López, Edgardo Castillo, Edwin Esquivel, Juan Linares, José Pérez Pineda y José Jiménez.
Este último, familiar aceptó los cargos de encubrimiento al someterse a un procedimiento abreviado; por lo que según la unidad de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, “deberá pagar $2,000 en concepto de responsabilidad civil. Además, se le condena a la pena de tres años de prisión, la cual deberá será sustituida por trabajo de utilidad pública impuesto por un juzgado de vigilancia penitenciaria”.
El resto de los imputados, en caso de ser encontrados culpables, podrían purgar penas de hasta 44 años de prisión.
El fiscal asignado al caso dijo que tienen suficientes pruebas que les indica que les indica que “la agente Carla Ayala aún estaba con vida al momento de llegar a las instalaciones del GRP y se le omitió el auxilio por parte de los agentes, así como también le permitieron y le dieron todos los medios y facilidades al autor directo
del hecho para que pudiese extraerse de la acción de la justicia, incluso llevarse, aún lesionada, a la agente”.
Arnau Baulenas, querellante, dijo que continúan esperando que el anterior y el actual director de la PNC cumplan la promesa de “poder capturar a 'Samurái' y llevarlo que enfrente la justicia”.
El abogado defensor Ulises Villatoro señaló que será motivo de debate el que estén como imputados a oficiales de la
PNC que “están procesando de manera injusta cuando ellos realizaron los deberes y cumplieron con los deberes que la ley exige”.
El juicio está programado que dure unas dos semanas, por la abundante carga testimonial. El caso, de acuerdo con la legislación salvadoreña, tiene reserva total. Lo que impide conocer los detalles de las declaraciones de quienes testifiquen en el caso.
“Seguimos esperando que la promesa que hicieron el anterior director, y el actual director, de la PNC cumplan en el sentido de poder capturar a 'Samurái' y llevarlo que enfrente la justicia”. Arnau Baulenas, QUERELLANTE EN EL CASO