GOES sin plan para retomar metas fiscales
Tras la suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal el Gobierno tenía que presentar un plan de cómo se retomaría la sostenibilidad fiscal.
De referencia para El Salvador cerró así: urante el estado de emergencia nacional por el covid-19 se suspendió la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que establece parámetros y metas que el Gobierno tiene que seguir al gastar dinero.
La suspensión se hizo a través del decreto legislativo 607, que se justificó por el impacto que tendría la pandemia en las finanzas públicas, que haría imposible cumplir con lo que la LRF establece.
Este decreto también establecía que el Ministerio de Hacienda tenía que, en un plazo no mayor a 90 días después del final del estado de emergencia, “elaborar un plan de regularización que permita retomar el proceso de consolidación y sostenibilidad fiscal, en coherencia con el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señáló que ese lapso finalizó en agosto y Hacienda no cumplió.
El tanque de pensamiento indica que retomar la LRF “no es una opción, sino una obligación legal” y que “las nuevas metas deben ser creíbles y deben cumplirse; posponer medidas de responsabilidad fiscal solo empeorará la grave situación fiscal en el futuro cercano”.
DDe referencia para El Salvador cerró así:
El Gobierno tiene hasta mañana para presentar el Proyecto de Presupuesto para 2021. FUSADES considera que Hacienda debe realizar por lo menos dos proyecciones del comportamiento de la economía por la alta incertidumbre, aunque el plan de gastos se base solo en el escenario más probable.
Además, “el marco macroeconómico en el que se base el presupuesto debe ser público y tiene que presentar una explicación de estas proyecciones”.
Tener proyecciones económicas certeras es importante pues de la actividad económica dependen los impuestos que dan ingresos al Estado.
Además, FUSADES considera que el Presupuesto 2021 debe tener suficiente flexibilidad por la situación que enfrenta El Salvador y el mundo. En cuanto a los nuevos gastos que el Gobierno asumirá, no todos deberían pagarse con deuda.
“Las nuevas responsabilidades no deben financiarse únicamente con más deuda; para lo que es necesario que exista un programa de ahorro de gasto para 2021, y que también se haga para el mediano plazo”, reza un análisis económico elabora
do por la institución.
Para enfrentar la pandemia este año el Gobierno obtuvo la aprobación legislativa para prestar $3,000 millones. De esta suma aún falta identificar la fuente de $1,021.8 millones. FUSADES explica que es probable que estos recursos estén disponibles hasta el 2021, por lo que deben de incluirse en el presupuesto.
Esto permitiría “racionalizar la sustancial solicitud de deuda que se hizo en 2020; de manera que no se solicite deuda adicional a la ya autorizada en 2020, para combatir la pandemia, reactivar la economía, y apoyar a los hogares en 2021”.
VICIOS FISCALES
En El Salvador los presupuestos “históricamente han sido mal formulados y no apegados a la realidad”, de acuerdo con FUSADES, lo que ha propiciado que el Gobierno se endeude cada vez más.
El financiamiento necesario para refuerzo presupuestario es cada vez mayor (ver gráfico). “Con el deterioro fiscal que se ha experimentado, el Gobierno debería presentar una programación de mediano plazo para que esta exigencia de deuda para gasto corriente se vaya reduciendo”.
Otro problema recurrente en los presupuestos del Gobierno es que se omiten o subestiman gastos. En 2017 por ejemplo no estaba contemplado de manera adecuada los fondos necesarios para el pago del dinero tomado de los cotizantes del sistema de ahorro de pensiones, de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), las devoluciones de IVA a exportadores y devoluciones de impuestos sobre la renta (ISR).
Dejar partidas desfinanciadas ha provocado crisis como cuando el país cayó en impago con los fondos de pensiones o cuando se rompió la cadena de pagos en el mercado eléctrico porque no se dejaron los fondos para financiar el subsidio al consumo energético.
La Sala de lo Constitucional, en 2017, estableció que estas prácticas eran ilegales, además que para cumplir con el equilibrio presupuestario no se deberían aprobar “gastos no prioritarios excesivos o injustificados, no coherentes con la situación fiscal y financiera”.
FUSADES considera que las medidas para frenar el gasto no se han cumplido y que incluso, en 2018, se subestimaron los ingresos que el Estado iba a tener.
En los últimos años, el rubro que más aumentó fue el de las remuneraciones. Este año se habrá gastado $494.8 millones más en comparación a 2017 en el pago de salarios en el Sector Público no Financiero (SPNF), esto se debe a que se ha contratado a más personas, mientras que otras están ganando más dinero.