Asamblea acude a la Fiscalía por impago salarial
Diputados consideran que se configuró el delito de incumplimiento de deberes y desobediencia al no transferir fondos para pagar en septiembre.
“El fiscal tiene que tomar acción, no puede estar pasivo... Es una situación de capricho (el) no transferir los recursos”. Mario Ponce, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
“La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa se reunió de manera exprés para interponer un aviso ante la Fiscalía”. Alejandro Zelaya, MINISTRO DE HACIENDA
Ala Fiscalía General de la República (FGR) acudió la Asamblea Legislativa para que determine si el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, cometió delitos al no autorizar la transferencia de fondos para el pago del salario de septiembre de los empleados legislativos.
La junta directiva determinó enviar un aviso a la Fiscalía. Señalan que los delitos en los que cayó el ministro son actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia.
“El fiscal tendrá que determinar, tendrá que revisar el aviso donde se hace toda una descripción jurídica en la cual están poniendo a este país, esto es una situación en la que se vulneran derechos de los empleados del Órgano Legislativo, el derecho al pago de un salario por el trabajo realizado, eso es lo más sagrado para cualquier persona y está tipificado como delito dentro de nuestra sistema jurídico penal”, declaró el presidente del Parlamento, Mario Ponce.
Todos los delitos que la Asamblea sostiene se han configurado con el impago de salarios están tipificados en el Código Penal; para ellos se establecen condenas carcelarias de, al menos, cuatro años.
Septiembre finalizó y ningún empleados de la Asamblea recibió su salario. Zelaya condicionó el pago a que los diputados aprobaran diversos préstamos, pues asegura que no tienen dinero.
La partida para el pago de salario de los empleados del Legislativo asciende a $3.4 millones, y supera los $4 millones si se le agrega el pago a proveedores, según ha explicado Ponce.
Hacienda asegura no tener fondos y necesitar de préstamos, esto contrasta con el hecho de que ninguno de los préstamos que están en estudio tienen como destino financiar el pago de remuneraciones. Todos están dispuestos para ejecutar acciones relacionadas al manejo de la pandemia por coronavirus.
El ministro criticó que los diputados hayan decidido recurrir a la Fiscalía y presionó para que le dieran las planillas de empleados, asesores y diputados de manera separada, esto para realizar los pagos parciales. Los diputados reprocharon esta actitud y dijeron que es extorsión.
Por su parte, ayer el Fiscal General de la República, Raúl Melara, expresó que tras recibir el aviso de parte de la Asamblea, lo que corresponde es abrir expediente e iniciar las investigaciones.
“Si se obtienen los elementos necesarios para determinarlo por supuesto que podría caer en delito, pero vamos a ver que sucede en el desarrollo de la investigación (...) y si existen los elementos necesario s para imputar estaríamos en un eventual proceso de antejuicio que sería entregado a la Asamblea Legislativa”, dijo Melara.