La CIDH indaga el uso de elementos del ejército en labores de seguridad
En una audiencia celebrada ayer se conocieron las posturas sobre el uso de fuerzas militares en labores de seguridad pública en El Salvador.
En el marco de las audiencias públicas impulsadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ayer se realizó la audiencia “Represión y militarización de la Seguridad Pública en El Salvador”.
El caso fue presentado por diferentes organizaciones de derechos humanos del país, que muestran su preocupación por lo que consideran la militarización de la seguridad e indicaron que a pesar de la disminución de homicidios y otros delitos, la presencia de militares aún puede observarse en el país acompañando a efectivos policiales.
Durante la audiencia, los representantes de las organizaciones cuestionaron la implementación del Plan Control Territorial y su relación en la baja de homicidios y otros delitos. “El sigue siendo un documento que no se conoce en todas sus fases, al no haber sido publicado todavía, a pesar de la recomendación que esta comisión hizo al estado salvadoreño”, señaló Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA ( IDHUCA). Escalante aseguró que en su actuación del Gobierno ha recurrido a prácticas típicas de enfoque punitivo, por ejemplo, grandes despliegues policiales y militares, detenciones masivas y en ocasiones arbitrarias.
Las organizaciones cuestionan la participación de la Fuerza Armada como respuesta a toda problemática ya sea social, ambiental o sanitaria. Un discurso que se sostiene en la dicotomía del enemigo común y la legitimidad del uso desmedido de la fuerza para enfrentarlo, acompañado de señalamientos públicos de posibles negociaciones al margen de la ley”, dijo Escalante.
Para las organizaciones de derechos humanos es necesario que el Gobierno retire a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, “hay un constante refuerzo en su permanencia mostrando imprescindible su labor, incluso cuando no se cuenta con datos objetivos y verificables que relacione su participación con la disminución de delitos”, aseguró Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista.
En contraste, el director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Elmer Castro, dijo que el tema de seguridad ha sido una de las prioridades del Gobierno actual y aseguró que el rol de la Fuerza Armada está apegado a la Constitución y que su actuación siempre está coordinada por la PNC. Al preguntarle sobre la existencia de un plan de retiro de los efectivos militares en las tareas de seguridad pública, Castro no dio una respuesta sobre el cuestionamiento, y aseguró que existe un plan de retiro digno dentro de la institución policial.
“El Gobierno ha recurrido a prácticas típicas de grandes despliegues policiales, militares y detenciones masivas.”
Manuel Escalante,
SUBDIRECTROR IDHUCA