LOS DESAFÍOS DE LOS CANDIDATOS A MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
El Órgano Judicial es un poder del Estado, o como dice la Constitución un órgano fundamental de gobierno. Administra recursos financieros de al menos el 6 % del presupuesto nacional, cerca de 400 millones de dólares para el próximo año. Además, gestiona la carrera judicial con más de 800 jueces y magistrados en diversas materias y más de 10 mil empleados judiciales.
La Corte Plena tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre la planificación presupuestaria, la gestión y administración del poder judicial, pero, además, debe prepararse para el presente y el futuro en la revisión de áreas que fueron pioneras en la época de la reforma judicial en los años noventa y se debe introducir tecnología de forma estratégica.
Se requiere una modernización de la materia de familia y justicia penal juvenil, ello incluye evaluar las áreas de los equipos multidisciplinarios. Las necesidades de los ciudadanos precisan mejoras profundas y la mora judicial es alta.
En materia penal, tanto común como de crimen organizado, es necesario revisar las competencias territoriales, las cargas de tribunales y la distribución de recursos. Si bien, ha sido la justicia penal la materia que más cooperación internacional y más recursos del presupuesto nacional ha recibido durante más de veinte años, aún hay muchas carencias organizacionales, logísticas y mora judicial. Es necesario evaluar la función del juez de Paz para que realmente permita un acceso a la protección judicial. El sistema penal sigue siendo más inquisitivo que adversativo (lo cual es inconstitucional), la Fiscalía General de la República debe tener mayores responsabilidades en la investigación y en la búsqueda de salidas alternas conforme a la Política de Persecución Penal; y la defensa pública de la PGR debe tener actuaciones asertivas, no meramente formales.
En cuanto a la justicia contenciosa administrativa, si bien se funda en una ley relativamente reciente, ha demostrado una carencia de cobertura debido a su mal diseño y al exceso de demandas y a la mala distribución territorial. Es necesario revisar las competencias, incorporar el recurso de casación y crear juzgados pluripersonales para enfrentar la carga. La justicia contenciosa administrativa no ha protegido los derechos de los administrados frente a las actuaciones y omisiones ilegales de la administración pública. En la pandemia desapareció totalmente. Por su parte, la justicia constitucional tiene una mora que por sí misma transgrede el derecho a una pronta y cumplida justicia.
Ahora bien, en cuanto al modelo de gestión de tribunales y casos (expedientes), la Corte Plena debe acelerar la digitalización de los servicios y los expedientes. No debe quedarse satisfecha con la introducción del correo electrónico para las comunicaciones procesales, que no es ningún avance significativo. Se necesita el expediente electrónico, control de los plazos procesales y un aumento en la celebración de audiencias. La justicia laboral en el Centro de Derecho Privado y Social demuestra que los sistemas de gestión electrónica sí funcionan cuando están bien diseñados.
La nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia debe lograr que el Consejo Nacional de la Judicatura restablezca el Programa de Formación Inicial y los cursos de formación continua, si queremos jueces de carrera competentes e independientes.
El CEJ seguirá comprometido por mejorar la administración de justicia. Les desea un feliz 2021, y que cuiden las medidas de salud.
Es necesario evaluar la función del juez de Paz para que realmente permita un acceso a la protección judicial.