EL PRESUPUESTO, CONVERTIDO EN INSUMO ELECTORERO
El presidente hizo de este análisis y de las decisiones que la Asamblea Legislativa tomó en el marco de sus funciones constitucionales más leña para su narrativa belicosa. Al hacerlo, Bukele se equivoca. Invertir recursos del Estado en la descalificación política de sus opositores es éticamente inaceptable; hacer campaña abierta a favor de los candidatos a diputados de sus partidos satélite también desdice de su investidura.
La discusión y aprobación del presupuesto general de la nación se convirtió, por iniciativa del presidente de la República, en insumo para la campaña electoral 2021.
El proceso tuvo inconsistencias, varias de ellas inéditas como que el ministro de Hacienda no presentara una declaración jurada de veracidad e inclusión, o que el proyecto no satisficiera lo que la Constitución de la República y el articulado legal del Estado ordena para el financiamiento de las municipalidades, el funcionamiento del Órgano Judicial o los escalafones de Salud y Educación. Pero independientemente de las indicaciones y motivaciones que hayan tenido los técnicos gubernamentales a cargo del documento, el trabajo de Ejecutivo y Legislativo produjo resultados.
Eso no obsta para discutir las ridículamente optimistas previsiones de ingreso fiscal planteadas al inicio del proceso por el titular de Hacienda, sobreestimando la recaudación sin ninguna base, con unos números que el país no alcanzaría, aun sin pandemia, toda vez que en la escena internacional, los arranques despóticos de Bukele son considerados un riesgo para cualquier inversionista.
Asimismo, aun con el presupuesto aprobado, la situación previsional merece un debate de amplio espectro; recordemos que en 2022, cuando los primeros cotizantes hombres obligados al sistema de ahorros comiencen a pensionarse y de seguir las condiciones actuales, el quid no será sobre el costo fiscal sino sobre la suficiencia de las pensiones mismas.
Subir la pensión mínima es una medida popular pero sus efectos financieros sobre el Estado no han sido dimensionados, ni se consideró que las mínimas ya representaban la mayor demanda de recursos junto a los costos de transición y las pensiones de los optados.
Sobran entonces insumos para la discusión de las políticas públicas a largo plazo, una coyuntura abierta con la discusión de cada presupuesto general que ha sido despreciada una y otra vez desde el oficialismo a lo largo de las últimas cuatro administraciones, cinco con esta.
Es que en un giro fácil de predecir, el presidente redujo lo importante de esta materia a viruta electorera, traduciendo este análisis y las decisiones que la Asamblea Legislativa tomó en el marco de sus funciones constitucionales en más leña para su narrativa belicosa.
Al hacerlo, Bukele se equivoca tres veces. Invertir recursos del Estado en la descalificación política de sus opositores es éticamente inaceptable; hacer campaña abierta a favor de los candidatos a diputados de sus partidos satélite también desdice de su investidura. Y en ese camino, incurre en otro procedimiento censurable: miente a la población sin ningún escrúpulo.
El presidente brinda una versión fantasiosa de cómo se ejecuta el presupuesto, prometiendo invertir lo aprobado en apenas cuatro meses, quizá adelantándonos el que será el leit motiv publicitario de su gobierno entre enero y febrero; además, acusa de saqueo a un poder del Estado pese a que fue su mismo ministro de Hacienda el que le retuvo los fondos operativos a todos esos empleados; relativiza asimismo la decisiva importancia de la inversión municipal sosteniendo que el FODES no se traduce en beneficios “para el pueblo” y sustenta el feliz desenlace de su cháchara en un resultado electoral favorable al oficialismo.
Ni siquiera la tragedia que la nación sufrió este año conmovió los malos hábitos del gobernante: Bukele termina el año como lo empezó, con la política convertida en show bufo en los canales oficiales.