EJECUTIVO SIN PRESENTAR PLAN CLARO PARA LA REINSERCIÓN
CARLOS MARROQUÍN, DIRECTOR DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, DICE QUE LA AUSENCIA DE UNA LEY LES IMPIDE CREAR UNA POLÍTICA DE REINSERCIÓN, POR AHORA. ESPECIALISTAS DICEN QUE NO HAY CLARIDAD EN LAS PROPUESTAS DEL EJECUTIVO.
“Hablar de reinserción es un tema que todavía no hemos tocado como gobierno”. Eso fue lo que respondió ayer el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, al consultarle sobre los planes de reinserción que el Ejecutivo ejecutó en 2020 y los que tiene para 2021.
Según Marroquín, la ausencia de un plan se debe a que no existe una ley que facilite el tema de la reinserción. “No existe una ley, no hay una plataforma para poder tocar el tema de la reinserción, sobre todo con jóvenes que están al margen de la ley en las comunidades”, aseguró.
Jeannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia, dijo que no existe ninguna justificación para que desde el Ejecutivo se posponga la formulación de una política pública de seguridad y reinserción, y que no debería condicionarla a la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa.
“Si nos remitimos a antecedentes previos de políticas de seguridad, el Ejecutivo tiene todo el margen de maniobra para formular su propia política o estrategia de seguridad y sin duda podría crear mecanismos legales para facilitar su implementación. Pero no está supeditada a la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa, de manera que no es justificante tal y como lo señala el director de Tejido Social”, enfatizó Aguilar.
Marielos Rodríguez, investigadora social de la Asociación Azul Originario, dijo que es preocupante que aún no haya una ley de reinserción en el país. “Estamos hablando de una ley que busca ser aprobada en un futuro inmediato y es preocupante que no haya un espacio de consulta con organizaciones de la sociedad civil , nacionales e internacionales. El tema de la reinserción, violencia y seguridad responde a condiciones sociales, económicas, y culturales muy específicas de cada territorio”, aclaró Rodríguez.
Según declaraciones que Marroquín brindó ayer a LA PRENSA GRÁFICA después de una entrevista radial, desde el Ejecutivo esperan la llegada de la nueva Asamblea Legislativa para poder aprobar una ley para la reinserción de las personas en la vida productiva del país.
“Espero que la nueva Asamblea sí traiga ese tema, ya que es muy necesario en nuestro país. Si no nunca vamos a salir adelante de tanta violencia”, explicó el director de Tejido Social.
SIN POLÍTICA DE SEGURIDAD
Jeannette Aguilar dijo que El Salvador tiene una institucionalidad débil y que el actual gobierno “ha tocado fondo” y uno de los indicadores de eso es que carece de política de seguridad.
“Lo que tenemos son acciones de orden militar y policial vinculados al tema del despliegue de efectivos militares y po
No existe un dato certero de cuántos CUBO construirá el gobierno. Según Marroquín esperan construir uno en cada municipio, con un presupuesto de $17 millones. El funcionario dijo que con eso pueden ejecutar entre 30 a 40 centros. liciales en las calles, pero en la práctica no hay indicadores verificables de la existencia de una estrategia integral y mucho menos de una estrategia de represión del delito”, explicó Aguilar.
Según Aguilar, se asumía desde la campaña presidencial que el partido Nuevas Ideas tenía una propuesta que sienta las bases para la política de seguridad del nuevo gobierno. “Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia documental de una política escrita que integre la visión de corto, mediano y largo plazo en materia de prevención, represión y persecusión del delito y rehabilitación de personas en conflcito con la ley”, detalló.
Lo que se conoce del Plan Control Territorial, según lo expresado ayer por Marroquín, es que se han lanzado tres fases hasta el momento. La fase dos está a cargo de la Dirección de Tejido Social, con el fin de “acercarse a las comunidades”.
Y uno de los programas que el gobierno abandera son los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBOS), que son lugares con los cuales se pretende que los jóvenes “salgan de las pandillas”. De 15 anunciados actualmente hay tres construidos, uno en funcionamiento y los otros dos por inaugurarse.
EN MUNICIPIOS DE RIESGO
Los lugares donde el gobierno ha construido o pretende construir los CUBO son comunidades que han sido estigmatizadas y que además tienen un porcentaje de densidad poblacional mayores a 5,000 habitantes.
Los municipios donde el Ejecutivo ha decidido crear estas estructuras son Soyapango, Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Mejicanos, San Juan Opico, entre otros, que fueron municipios priorizados en la primera fase del plan. Lo invertido para la construcción de estas estructuras, según Marroquín, son $17 millones. El costo aproximado de cada cubo ronda los $500,000.
“Nos bloquearon los $91 millones que iban a servir para financiar la fase dos, que financiamos con fondos reorientados”, afirmó ayer Marroquínsin al detallar cuáles son las carteras del Estado de donde se reorientaron los fondos.
Aguilar dijo que aún no se ha mencionado en qué consisten las siguientes fases del Plan Control Territorial.
“Hablar de reinserción es un tema que todavía no hemos tocado como gobierno por el hecho que no existe una ley para poder tocar el tema”.
Carlos Marroquín,
DIRECTOR RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.
“No existe justificante que posponga la formulación de una política de seguridad, la jerarquice o la condicione a la aprobación de una ley”. Jeannette Aguilar, INVESTIGADORA DE TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.