Asamblea prohibió las plazas ad honorem
En el artículado de la ley del presupuesto, la AL agregó artículos para transparentar ingresos y tener mejor control de estos.
La aprobación que la Asamblea Legislativa hizo del presupuesto 2021 incluyó nuevas herramientas para controlar la manera en que el Órgano Ejecutivo utiliza los ingresos y para transparentar los mismos.
Tras la aprobación por parte del Legislativo del presupuesto y de otros decretos para financiar el mismo, el presidente de la república, Nayib Bukele, advirtió que sancionaría unos decretos y vetaría otros, pero sin especificar cuáles. A la fecha, continúa sin confirmar sus planes respecto a cada decreto.
Las nuevas reglas del presupuesto están contenidas en el artículado de la ley del presupuesto, y que todos los años se ejecutan de la misma manera con pequeñas variaciones. En el presupuesto 2020, eran 17 disposiciones. Para 2021, son 25.
Entre las modificaciones más destacadas hechas por la Asamblea resalta el artículo 20, el cual prohibe las plazas ad honorem en la administración pública. Con esto, ningún funcionario podrá ostentar este tipo de plazas; además, tampoco podrán ejercer dos o más plazas ni recibir dos o más salarios pagados con fondos provenientes del Estado.
LA PRENSA GRÁFICA reveló el pasado 30 de noviembre cómo la gestión Bukele ha nombrado en plazas ad honorem a diferentes funcionarios que detentan otras plazas en el gobierno, y cómo estas les permiten tener un salario superior al que tendrían con la plaza ad honorem.
Entre los funcionarios con los que se ha utilizado esta práctica están la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro; la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco; el viceministro de Hacienda, Jerson Posada; y el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alex Michel Hasbún, entre otros.
En total, tres ministros y seis viceministros ad honorem del Gobierno de Nayib Bukele han costado $462,456 en 16 meses de esta administración.
Otra medida está relacionada con los ingresos, mismos que varias organizaciones consideraron que el gobierno había sobreestimado. Ante eso, la Asamblea incluyó una obligación para el ministro de Hacienda, que deberá presentar un informe mensual de ingresos del Estado junto a un comparativo de lo proyectado.
Si durante tres meses consecutivos lo recaudado no alcanza al menos el 90 % de lo proyectado, tendrá que presentar un plan para cubrir el deficit.