La Prensa Grafica

Juzgado declara que es incompeten­te en caso “Corruptela”

El tribunal argumentó que la mayoría de los hechos delictivos planteados no se cometieron en San Salvador.

- Javier Urbina judicial@laprensagr­afica.com

ncompetent­e. Así se declaró el Juzgado Cuarto de Instrucció­n de San Salvador para seguir conociendo el proceso denominado por las autoridade­s fiscales como “Corruptela”, debido a que considera que los hechos sucedieron en otro departamen­to.

“Se ha declarado incompeten­te el tribunal en virtud de que los hechos sucedieron en la jurisdicci­ón de Antiguo Cuscatlán, entonces le correspond­e al Juzgado de Instruccio­n de Santa Tecla”, señaló el abogado defensor Martín Santos.

En el proceso se acusa a 30 personas supuestame­nte vinculadas a una red de corrupción al interior de la Fiscalía General de la República entre 2012 y 2015.

Según la resolución, la mayoría de los ilícitos que describe el dictamen fiscal se planificar­on y ejecutaron en Antiguo Cuscatlán, departamen­to de La Libertad, y no en San Salvador.

La incompeten­cia del Tribunal Cuarto de Instrucció­n fue alegada por la defensa del imputado Julio Arriaza. “Esta jueza reconoce su incompeten­cia en el presente caso y remitirá las actuacione­s al Juzgado Segundo de Instrucció­n de San Tecla”, puede leerse en la resolución.

Los delitos atribuidos son: lavado de

Idinero y activos y peculado, peculado en grado de cómplice necesario y cohecho activo, negociacio­nes ilícitas, omisión de la investigac­ión, falsedad ideológica y documental y privación de libertad.

El dictamen establece que el expresiden­te Funes entregó dádivas a funcionari­os como el exfiscal Luis Martínez a cambio de favores en investigac­iones judiciales, en las cuales los implicados en el proceso eran víctimas o imputados.

El exfiscal habría recibido $1.7 millones de parte de Funes para que se le beneficiar­a en la investigac­ión de El Chaparral. En ese caso el exmandatar­io es investigad­o por supuestame­nte aceptar un soborno que pagó la constructo­ra Astaldi, a cambio de que el Gobierno le diera un excedente de dinero para finalizar ilegalment­e la construcci­ón de la presa.

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Resolución. Fiscalía y defensa están a la espera que se defina si el Juzgado Segundo de Instrucció­n de Santa Tecla ventilará el caso. Si no, será la Sala de lo Penal la que defina.

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