2021: DECISIVO PARA LA DEMOCRACIA
El 2021 tendrá importantes implicaciones para el orden democrático, pues se elegirá a distintos funcionarios que integrarán instituciones que posibilitan el sistema de frenos y contrapesos, indispensable para un sano y necesario balance de poder. Este año serán electos quienes conformarán dos de los órganos fundamentales del Estado: la Asamblea Legislativa y un tercio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo anterior adquiere especial relevancia en el contexto actual, pues en 2020 las sistemáticas violaciones a la Constitución y las alarmantes conductas autoritarias pusieron en grave riesgo nuestra democracia, tal como sucedió en el 9F y luego durante la gestión gubernamental por el manejo de la pandemia, en donde fue necesario e importante que intervinieran las instituciones de control, mismas que aún pueden ser más oportunas y contundentes. La forma de frenar y limitar acciones como las señaladas, así como cualquier otra que implique violaciones a derechos humanos o extralimitaciones en el ejercicio del poder, y no solo del Ejecutivo, sino que también de otros órganos del Estado y entes públicos, es justamente por medio del sistema de frenos y contrapesos, el cual se cristaliza a través de las instituciones que ejercen funciones de control y que velan por la protección de derechos de la población.
Ciertamente existe el peligro de que cuando hay pretensiones de gobernar sin límite alguno y de querer el poder total, se busque cooptar a las instituciones de control, ya sea para someterlas, debilitarlas o minimizarlas, y así evitar que estas pongan freno a actuaciones excesivas y arbitrarias, lo cual claramente es contrario al sistema democrático y a lo que prevé nuestra Constitución. Muchas veces quienes pretenden esto, lo disfrazan al decir que lo que se persigue es que exista “gobernabilidad”; mal entendida por supuesto, pues lo que están diciendo es que no quieren límites de ningún tipo al poder, que no haya contrapesos, ni mecanismos de control efectivo, lo cual significa una grave amenaza para la democracia, que se maximiza cuando existen inclinaciones autoritarias.
En febrero serán los comicios electorales para elegir a una nueva Asamblea Legislativa, cuyos diputados deben representar al pueblo entero, y en su labor como legisladores tienen que respetar la Constitución y actuar a favor del bien común, ejerciendo funciones de control político necesarias para el balance de poder, pues además de aprobar las leyes, autoriza el endeudamiento público, y el Presupuesto General de la Nación, y elige a funcionarios que integrarán las instituciones de control, a través de las llamadas elecciones indirectas o elecciones de segundo grado de funcionarios.
Sobre eso último, la nueva legislatura tendrá dentro de sus primeras responsabilidades elegir a 5 magistrados de la CSJ, de los cuales uno integrará la Sala de lo Constitucional y además elegirá al nuevo presidente. También elegirá a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura; e iniciará a finales del año el proceso para elegir al fiscal general que tomará posesión en enero de 2022. Estos procesos deben ser transparentes y respetuosos de la jurisprudencia constitucional, para elegir por idoneidad y a personas absolutamente independientes de los partidos políticos.
Hay mucho en juego en 2021, en particular buena parte del sistema de frenos y contrapesos, necesario para vivir en democracia.
Existe el peligro de que cuando hay pretensiones de gobernar sin límite alguno y de querer el poder total, se busque cooptar a las instituciones de control.