PDDH sin recibir información de la alcaldía capitalina
La entidad ha dado seguimiento a las denuncias realizadas por ASTRAM por retenciones no pagadas y despidos.
“Exhorto al alcalde municipal y su concejo a respetar el derecho a la seguridad social y al trabajo ”. Apolonio Tobar, PROCURADOR PDDH
El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar hizo un llamado nuevamente al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para que entregue información sobre las retenciones salariales descontadas a los salarios de los empleados de la alcaldía de San Salvador.
Trabajadores de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), denunciaron ante la PDDH que las retenciones salariales de trabajadores de la alcaldía capitalina no están siendo trasladadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); Fondo Social para la Vivienda (FSV), entidades financieras y organizaciones sindicales.
Además, ASTRAM denunció que se realizaron cerca de 200 despidos injustificados. 150 fueron despedidos a inicios del periodo vacacional de fin de año, y el 30 de diciembre fueron cesados otros 30 trabajadores del Área de Desechos Sólidos del distrito número uno, asegura la organización. El 5 de enero, la Procuraduría requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el estado actual del proceso de investigación e individualización de los presuntos responsables que cometieron los delitos laborales denunciados por los miembros de la asociación. Hasta el momento no han recibido respuesta. También solicitó al alcalde Ernesto Muyshondt la motivación fáctica y jurídica a que obedecieron los despidos realizados y el número de personas despedidas a finales de año . También, solicitó el total de trabajadores a los que se les han realizado las retenciones en las distintas instancias correspondientes. A pesar de que se dio un plazo de 24 horas para entregar la información, ninguna de las instituciones la ha entregado.
En el comunicado, donde la PDDH informa sobre los requerimientos, el procurador menciona el artículo 50 de la Constitución que establece que “no reportar dichas retenciones a las entidades correspondientes no solo es un hecho constitutivo de delito, sino que además, es una violación flagrante a los derechos fundamentales”.
A pesar de que en octubre pasado hubo una mesa de negociación, no se llegó a un acuerdo, lo que resalta la PDDH en el comunicado.