LA COMUNIDAD INTERNACIONAL OTRA VEZ OBSERVA A LA FUERZA ARMADA, COMO EN LOS AÑOS DE LA GUERRA CIVIL

El 21 de diciembre el Congreso de EUA aprobó una serie de medidas relativas a la cooperación con El Salvador; en ellas restringió el financiamiento a la Fuerza Armada. La congresista Norma Torres, quien promovió esa iniciativa, dijo: “No podemos dejar que EUA financie a las milicias que controlan la corrupción". Esto es un mensaje más para la Fuerza Armada. Le recuerda que sí hay consecuencias ante el rumbo errático que ha llevado, particularmente desde el intento de golpe de Estado que protagonizó el pasado 9 de febrero.

Ya antes la Sala de lo Constitucional había señalado el problema grave que ocurre en el seno de la Fuerza Armada. En la sentencia 6-2020, relativa a los hechos ocurridos en el 9F, la Sala advirtió: "El uso desnaturalizado de ambas instituciones [la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil] es plenamente violatorio de la Constitución, a la vez que es delictivo para todos los que participen en dichas actividades en cualquier orden y nivel, inclusive la aquiescencia".

En vísperas de la celebración del 29 aniversario de los Acuerdos de Paz, debemos recordar que uno de los grandes avances que con ellos se lograron fue separar a la Fuerza Armada de la política, y someterla a las autoridades civiles. Durante 2020 vimos a muchos miembros de la Fuerza Armada incumplir con el mandato constitucional: se deben a la República y para eso han jurado la Constitución, no son una guardia presidencial.

Hace unos meses el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo: "No hemos jurado lealtad a un rey o una reina, a un tirano o dictador, no hemos jurado defender a un individuo, a un país o una tribu o religión. Hemos jurado lealtad por la Constitución". Cuánta falta hace que las autoridades militares de El Salvador expresen con esa claridad a quién obedece su lealtad. ¿Realmente reformarán la Constitución los que ni siquiera la cumplen?

En el curso de esta pandemia la Fuerza Armada ha sido determinante para efectuar detenciones ilegales de los ciudadanos. Fue la Sala de lo Constitucional la que determinó como inconstitucionales. El cerco militar al municipio de La Libertad, y, más recientemente, al municipio de Chalchuapa son tristes ejemplos de eso.

Ante un repunte de casos sospechosos de covid-19, crece la amenaza de nuevos encierros inconstitucionales. Solo a través de regímenes de excepción ordenados por la

Asamblea Legislativa, y cumpliendo los parámetros definidos por la Sala de lo Constitucional, pueden ordenarse suspensiones generalizadas de la libertad de circulación.

Tras todo lo ocurrido en 2020, ahora las instituciones locales y la comunidad internacional tienen los ojos sobre la Fuerza

Armada. Todos esperamos que corrija, y a partir de ahora demuestre que su lealtad está con la Constitución, y no con ningún funcionario de turno.

Jueces y tribunales independientes son los que garantizan los derechos de las personas. Todos los aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia deben tener claro que su rol debe ser defender el orden constitucional, el acceso a la protección judicial y los derechos humanos de todas las personas.

Todos esperamos que corrija, y a partir de ahora demuestre que su lealtad está con la Constitución, y no con ningún funcionario de turno.