AHORA CON LOS SEÑORES DIPUTADOS
En inquietudes anteriores me he referido someramente a las actividades y responsabilidades de los señores diputados. Como aparentemente se logra apreciar, son autoridades que han sido creadas con objetivos específicos, pero como en todas las ramas de los poderes públicos, la idea de los integrantes en gran cantidad de casos, posiblemente la extensión de sus funciones los hace salirse del carril hacia realizar obligaciones que son de otros organismos. Eso no quita el interés de colaborar con cualquier otro órgano del Estado, siempre que no contradiga las disposiciones de los órganos involucrados establecidos en sus estatutos, pero el problema se presenta cuando se dedican a reformar proyectos que implican costos que ellos desconocen, tal es el caso del presupuesto parcial o total, que ignoran elementos técnicos que comprenden los proyectos y sus costos, elaborados por expertos, pues ni aun sus respectivos asesores conocen.
Recientemente estuvo un diputado español, que aparentemente ofreció alguna asesoría a nuestra Asamblea Legislativa y uno de los resultados básicos hizo referencia al hecho de que en la estructura de ese órgano en España con 350 parlamentarios son atendidos por 800 empleados, en tanto que para nuestro caso con 84 diputados requieren 2,800 empleados, queda en la mente de cada lector imaginar a qué se debe tal diferencia, con similares funciones; ¿exceso de trabajo o calidad del mismo?; ¿posiblemente existe suficiente dinero hasta para regalar? En determinada relación con el mal uso del efectivo, públicamente se sabe de la inasistencia a las asambleas y comités de trabajo y aun asistiendo al local de la institución, se acostumbra recibir visitas personales y de trabajos privados; todos esos tiempos están remunerados.
Tratando de sugerir medidas prácticas y usuales en otras oficinas públicas y privadas, lo procedente son los descuentos en efectivo de los salarios correspondientes, en relación con el tiempo no trabajado y el valor de su respectivo salario, sistema generalizado en prácticamente la mayoría de oficinas, lo cual contribuye al orden, audiencias y disciplina, pero aparentemente es la única institución donde no se aplican estas normas, parece ser que aparentemente a nivel de diputados, pues el resto de personal sí está bajo estas disposiciones.
Para poseer la distinción del honorable cargo como representante de la población es indispensable esforzarse por investigar los graves problemas que se interponen en actividades de mejoramiento que desean llevar a cabo algunos ciudadanos para superarse económicamente, sea en áreas administrativas, financieras, mecánicas o técnicas; realizar esta actividad, entre otras, representaría un avance en el desarrollo económico del país. Pero recordemos que el pleno lo constituyen personas de diferentes formaciones, desde simples ciudadanos sin mayores estudios hasta profesionales de diferentes disciplinas, luego en su conjunto difícilmente pueden consensuar disposiciones legales e ignoran las consecuencias de su aplicación al aprobar leyes que muchos desconocen, por ello obedecen a sus jefes de partidos que los han propuesto y no por su propia opinión; también es posible que a eso se deba la contratación de varios asesores por diputado, donde también se comete el error de llevar a ocupar esas posiciones al administrador de la hacienda, a la amante, amigos o parientes cercanos, incapaces de asesorar adecuadamente, ya podrán mis lectores imaginar la calidad de trabajo resultante en ese organismo; de ahí mi propuesta de que el Tribunal Supremo Electoral exija candidatos que llenen los requisitos necesarios al cargo que deberán ejercer y no basta con que tengan honradez notoria.
En España 350 parlamentarios son atendidos por 800 empleados; para nuestro caso con 84 diputados requieren 2,800 empleados.