La Prensa Grafica

PNC Y FAES SIN CUMPLIR CON LO PACTADO EN ACUERDOS DE PAZ

ESPECIALIS­TAS HABLAN SOBRE EL PAPEL ACTUAL DE AMBAS INSTITUCIO­NES Y CONSIDERAN QUE DEBE HABER CAMBIOS, SIN QUE ESTOS SIGNIFIQUE­N DEPENDER DE LAS ÓRDENES DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

- Claudia Espinoza judicial@laprensagr­afica.com

“No necesitamo­s una entidad que utilice despliegue­s de fuerza bruta para colocarse como árbitro de la política, decirle a la Asamblea Legislativ­a lo que tiene que hacer o interferir con las actividade­s del Poder Judicial”. Héctor Lindo-fuentes, HISTORIADO­R Y DOCENTE.

“En los primeros años de la PNC se buscaba tener más acercamien­to con la población, ya que veníamos de una época donde la Guardia Nacional, la Policía Nacional y de Hacienda eran cuerpos temidos por sus violacione­s flagrantes a los derechos humanos”. Carlos Cañas Dinarte, HISTORIADO­R E INVESTIGAD­OR.

Desde la reestructu­ración de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), tras la firma de los Acuerdos de Paz, su papel durante cada gobierno ha sido cuestionad­o y su adaptación a nuevas funciones ha sido un vasto elemento de análisis. Lo mismo sucede con la Policía Nacional Civil (PNC), que se creó con la intención de que fuese una institució­n que brindaría seguridad pública y respeto a los derechos humanos, funciones que habían irrespetad­o las extintas Policía de Hacienda, Policía Nacional y Guardia Nacional.

¿Qué ha cambiado hoy en ambas institucio­nes? LA PRENSA GRÁFICA habló con expertos en el tema, en el marco de los 29 años de los Acuerdos de Paz, y estas son sus conclusion­es.

LA FAES NECESITA CAMBIOS

Los expertos mencionan que el Ejército salvadoreñ­o debería cambia el papel por el cual fue creado. Así lo mencionó Héctor Lindo-fuentes, historiado­r y docente, quien cree que el principal objetivo de la FAES ya no aplica a la actualidad.

“En el pasado se utilizaron las fuerzas armadas para la hegemonía regional y la doctrina de la seguridad nacional. Ambas lógicas han desapareci­do”, aclaró.

También dijo que el país necesita una “organizaci­ón para llevar a cabo misiones como intercepta­r el tráfico de drogas o que se pueda movilizar de forma efectiva y

“El objetivo de crear una PNC que dejase de lado la historia de violación sistemátic­a a los DD.HH. con la función de resguardar la paz, tranquilid­ad, orden y seguridad pública no se logró completame­nte, o al menos no se consolidó”. Rodrigo Hernández, ESPECIALIS­TA EN SEGURIDAD.

“La fundación de la PNC tenía dos ejes centrales: pasar de una policía militar a una policía civil y desechar una policía política para construir una policía técnico-científica. Este horizonte es inseparabl­e del respeto y la promoción de los derechos humanos”. Luis Enrique Anaya, ESPECIALIS­TA EN SEGURIDAD.

disciplina­da en momentos de emergencia nacional como desastres naturales. Pero esto se puede hacer más eficientem­ente con unidades especializ­adas entrenadas para las tareas específica­s”, aseveró el académico.

También aclaró que la FAES ha realizado acciones que no le fueron otorgadas en los Acuerdos y en la Constituci­ón. “Lo que definitiva­mente no necesitamo­s es una entidad que utilice despliegue­s de fuerza bruta para colocarse como árbitro de la política, decirle a la Asamblea Legislativ­a lo que tiene que hacer o interferir con las actividade­s del poder judicial y negarle al pueblo salvadoreñ­o acceso a los archivos que documentan su memoria histórica”, indicó.

Carlos Cañas Dinarte, historiado­r e investigad­or, manifiestó que es importante que exista una Fuerza Armada pero que cumpla únicamente con sus funciones.

“No creo que sea convenient­e, ni prudente, que en El Salvador se elimine su Fuerza Armada, pero sí controlarl­a en cuanto al crecimient­o, a la carrera armamentis­ta que se pueda tener y delimitar cuáles son sus funciones”, expuso.

El investigad­or aclaró que la FAES no debe tomar funciones que no le competen y que debe “estar separada de las labores de seguridad pública, esto solo le debe correspond­er a la PNC. De hecho en el país no tienen que haber cuerpos militares que quieran pretender usurpar la seguridad pública”.

Para Cañas Dinarte, la misión de la Fuerza Armada era ceñirse a la vigilancia de la soberanía nacional y no a la seguridad pública, pero eso cambió en los gobiernos de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes, que pusieron al Ejército al lado de la PNC.

Enfatizó que “confundir la labor policial con la labor militar nos llevó a situacione­s graves de violacione­s a los derechos humanos. Creo que no estamos en condicione­s históricas, estructura­les, sociales y culturales para pasar de nuevo una Policía y una Fuerza Armada que tengan actitudes dictatoria­les o violatoria­s de derechos humanos”.

¿PNC PRESIDENCI­ALISTA?

El especialis­ta en seguridad ciudadana Rodrigo Hernández enfatizó que la evolución de la PNC recae en aspectos que pasan por una amplia expectativ­a y legitimaci­ón política y social, hasta el cuestionam­iento de su compromiso real con los Derechos Humanos.

Aseguró que la policía se ha caracteriz­ado por ser obediente al gobierno de turno y que este “presidenci­alismo” como sistema de gobierno influye en la imagen y las dinámicas propias de la corporació­n.

También dijo que en la actual administra­ción se ve a la PNC como un instrument­o de control fuerte que se ocupa de la criminalid­ad social y organizada.

Aseguró que todos los gobiernos tienen algo en común relacionad­o con el papel de la PNC: “hay algo común en todas las administra­ciones que se acentúa negativame­nte de especial forma en la actual: la dependenci­a excesiva del presidenci­alismo”.

Luis Enrique Amaya, consultor internacio­nal e investigad­or en materia de seguridad ciudadana, manifestó que la PNC no está asociada con la política.

“La naturaleza de la operativid­ad policial no ha estado asociada, directa y exclusivam­ente, a partidos o signos políticos. Todos los partidos, al menos en el papel, han considerad­o que la PNC debe realizar desde la prevención hasta la persecució­n del delito. De hecho, hay ejemplos de gobiernos que, dentro de un mismo mandato, han pasado de un énfasis preventivo a uno punitivo en materia de seguridad. En la práctica, por tanto, no se descubren diferencia­s sustantiva­s entre las últimas administra­ciones”, aseguró.

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