EL FILTRO DE LA LEY, PERFORADO POR CONVENIENCIA Y COBARDÍA
Pero es difícil creer que nuestros burócratas entiendan la nobleza de los fines a los que deberían plegarse. El repetido recurso al insulto y la descalificación de los candidatos a diputaciones y alcaldías, la proliferación de trepadores sociales que entran al mundillo político para medrar aunque eso suponga cambiarse de partido y de causa como quien muda de ropa así lo denuncian.
Notoria honradez e instrucción. El artículo 126 de la Constitución de la República establece estas dos condiciones como indispensables para aspirar a una diputación, así como la mayoría de edad, ser salvadoreño por nacimiento y no haber perdido los derechos ciudadanos los cinco años anteriores a la elección.
A diferencia de con los otros tres requisitos, no hay instrumento que mida la honradez ni la instrucción. Y aunque podemos discutir sobre la intención del legislador, lo cierto es que la naturaleza indeterminada de estos conceptos a escala jurídica abre la puerta a un debate sin fin. ¿Cómo se demuestra la honradez? ¿Cómo se mide la instrucción?
Incluso cabe preguntarse si era necesario que el legislador incluyera esas condiciones, cuando puede colegirse de modo automático que la persona a la que se elegirá para redactar las leyes debe gozar de ciertas capacidades intelectuales y superioridad moral.
No es una situación exclusiva de los cargos de elección popular. En general, en la función pública, la ética y la responsabilidad son intrínsecas al trabajo: cómo si no puede un ciudadano decidir entregarse a la comunidad, a servir al bien común con abrogación y solidaridad. En estos tiempos en los que las prioridades parecen al revés, en los que el servidor quiere ser servido y en los que el gobernante se queja de las limitaciones a su poder establecidas por la Ley cuando ese es precisamente el espíritu del equilibrio de poderes, es útil recordar que la única gloria posible para el buen funcionario estriba precisamente en su servidumbre a la nación.
Pero es difícil creer que nuestros burócratas entiendan la nobleza de los fines a los que deberían plegarse. El repetido recurso al insulto y la descalificación de los candidatos a diputaciones y alcaldías, la proliferación de trepadores sociales que entran al mundillo político para medrar aunque eso suponga cambiarse de partido y de causa como quien muda de ropa así lo denuncian.
Las violaciones al Código Electoral, a la Constitución de la República y a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres cometidas por algunos de los candidatos a lo largo del último año fueron una reiteración de la corrupción del espíritu de la función pública. Que ciudadanos amparados en leguleyadas, parapetados en las esquinas redondas de la moral, pretendan ser útiles a la nación precisamente en la trinchera más delicada de todas, la de la administración del erario y la conducción del aparato del Estado, es suficiente indicio de la descomposición de la política criolla.
No lo hacen mejor aquellos funcionarios contralores que debiendo apegarse a la norma e interpretar de modo independiente la Ley anteponen la conveniencia y hacen cálculos de índole sectaria o personal. Pobre servicio a la democracia rinden estos profesionales creyendo que la historia les será benévola por no haber tomado partido. Si inclinarse por lo decente es tomar partido, no debieron dudarlo; al actuar en sentido contrario, efectivamente sirven a unos muy puntuales intereses.
A unos y otros, a los que doblan los requisitos de la norma a su conveniencia y a quienes se lo permiten pese a su investidura jurisdiccional no les terminará preocupando ni ser decentes ni siquiera parecerlo.