El Salvador podría caer en “lista negra”
El GAFIC tiene programada una revisión para El Salvador este año y podría evaluar mal al país debido a orden de la SSF, según FUSADES.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió ayer sobre la posibilidad de que El Salvador entre en la lista negra internacional de países que no combaten de manera efectiva el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, debido a que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha prohibido a las instituciones bancarias cerrar cuenta de personas que son sospechosos de cometer los delitos antes mencionados.
La organización social sostiene que la circular DS-20497 emitida a principios de diciembre por la SSF es “ilegal” y representa un “retroceso en el combate del delito” porque ordena a los representantes de bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito que no pueden cerrar una relación (cuentas de ahorro) con una persona investigada o mencionada en medios de comunicación por delitos de lavado de dinero o por su calidad de Persona Políticamente Expuesta y advierte de sanciones si esto se incumple.
“En el primer semestre de 2022, El Salvador será evaluado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el organismo regional del GAFI, y las medidas anteriores pueden provocar una mala calificación, lo que traería consecuencias negativas para el país”, expresa FUSADES en un comunicado hecho público ayer con su postura institucional.
Si esto llegara a ocurrir, la Fundación también ve un peligro de que El Salvador, a través de la Fiscalía General de la República, sea dejado fuera del Grupo Egmont, la instancia que reúne a más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel internacional y que facilita el intercambio de información para luchar contra el lavado de dinero y activos. Eso ya pasó antes, en 2018.
“Deben prevenirse malas evaluaciones por el GAFI, pues pueden llevar a que se califique de no cumplir con los estándares internacionales, y resultar excluidos del Grupo Egmont, y con ello detener el intercambio de información, y debilitar la lucha contra la corrupción y el lavado de activos”, recomienda FUSADES.
A inicios de enero especialista también expusieron a LA PRENSA GRÁFICA que la orden de la Superintendencia estaría vulnerando el artículo 9 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y su reglamento y, como ente regulador o supervisor, no puede estar por encima de la ley y no puede hacer una interpretación que la sobrepase.
“La circular tiene fuerza y cierta vinculación por provenir del ente regulador o supervisor del sistema financiero, pero es una carta administrativa que tiene varias ilegalidades porque los sujetos regulados no pueden dejar de lado los mandatos de la ley y sus propias políticas”, explicaron los especialistas