EL DRAMA MIGRATORIO EXIGE POSICIÓN FIRME Y NO REACTIVIDAD
La posición del gobierno salvadoreño ha sido unívoca en el tono y en el contenido, exigiendo que se castigue a los responsables de lo que la canciller denominó "asesinato" sin matices que quepan. Pero no siempre fue así; la posición de esta administración en el tema ha sido de mucha volatilidad.la misma canciller sostenía hace año y medio, luego de la muerte de Óscar Martínez y su hija Valeria en el río Bravo, que a los traficantes de personas se les aplicaría "todo el peso la de la ley"; hace pocos días, el presidente Bukele prometió vetar una ley contra el tráfico ilegal de personas aprobada por la Asamblea Legislativa porque "criminaliza sin distinción". Parece imposible que dos personas con declaraciones contrapuestas participen del mismo gobierno.
El asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza a manos de agentes policiales en Quintana Roo, México, ha reavivado los debates sobre los abusos policiales contra los inmigrantes y la naturalización de la violencia de género.
Las condiciones en que murió Victoria no tuvieron que ver con su estatus migratorio -gozaba de una visa humanitaria permanente- sino con la brutalidad que irrumpe en la vida cotidiana, asociada en esta tragedia al ejercicio policial.
Según notas de prensa de aquel país, hay recientes reportes de abuso policial en ese estado mexicano y se documentó el recurso a armas de fuego para dispersar una manifestación a propósito de un feminicidio. Y la posibilidad de que una persona sea víctima de excesos de los cuerpos de seguridad aumenta si se es a la vez mujer e inmigrante.
México cerró el año pasado con poco menos de 4 mil muertes violentas de mujeres; apenas unos 900 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios. Sí, es la misma pandemia que se ceba con mujeres en toda América Latina, con especial énfasis en México y el Triángulo Norte. Que ese país haya aumentado las detenciones en el último bienio, justo luego de las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump y de su demanda de un control migratorio más punitivo, y que su sistema de asilo haya sido llevado al borde, sólo disparó el riesgo de que la tasa de feminicidios se dispare.
La posición del gobierno salvadoreño ha sido unívoca en el tono y en el contenido, exigiendo que se castigue a los responsables de lo que la canciller denominó "asesinato" sin matices que quepan. Pero no siempre fue así; la posición de esta administración en el tema ha sido de mucha volatilidad.
La misma canciller sostenía hace año y medio, luego de la muerte de Óscar Martínez y su hija Valeria en el río Bravo, que a los traficantes de personas se les aplicaría "todo el peso la de la ley"; hace pocos días, el presidente Bukele prometió vetar una ley contra el tráfico ilegal de personas aprobada por la Asamblea Legislativa porque "criminaliza sin distinción". Parece imposible que dos personas con declaraciones contrapuestas participen del mismo gobierno.
¿El Salvador se declara entonces a favor o en contra de la migración ilegal? El gobierno de Joe Biden ya sostuvo que ningún migrante que ingrese a la nación norteamericana en 2021 entrará en planes de legalización. Ante esa claridad, es fundamental que la administración Bukele como la de sus pares hondureño y guatemalteco asuma un discurso contundente y directrices firmes. Que de la vergonzosa pretensión de ser "tercer país seguro" hayamos pasado a la laxitud de no aprobar una ley ad hoc contra este fenómeno ilustra lo improvisado de la agenda diplomática de nuestra nación.
Ni siquiera el shock que le supuso la derrota de Trump y la salida del indolente embajador estadounidense en nuestro país deberían paralizar por más tiempo al gobierno de El Salvador, que debe ser a la vez más eficiente al cortar el flujo migratorio ilegal en casa y más beligerante al exigir respeto de los gobiernos vecinos para aquellos de sus ciudadanos que emprenden ese éxodo, arriesgándose a vejámenes y abusos que siempre nos recordarán a Óscar, Valeria y Victoria.