Cementerio covid-19 en Sonzacate, sin permisos
El Juzgado Ambiental de Santa Ana ordenó suspender los sepelios por covid-19 en el cementerio municipal de Sonzacate destinado para esa enfermedad, ubicado en la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate.
El nuevo cementerio municipal de Sonzacate, un proyecto impulsado por el alcalde Héctor Orellana y su administración saliente, debe ser clausurado, exigen los habitantes del Caserío Flores Tepas y del cantón El Almendro .
Lideresas comunitarias conglomeradas en la Junta Directiva Voluntaria Pro Medio Ambiente detallaron que el camposanto fue habilitado por la municipalidad en julio de 2020 sin contar con los permisos ambientales ni con los estudios de factibilidad correspondientes.
El espacio, donde han sido realizadas decenas de entierros bajo protocolo covid-19, no cuenta con estudios que descarten que estos entierros son una amenaza ambiental para los afluentes naturales ubicados a menos de 20 metros de distancia, o para las tierras con vocación agrícola ubicadas en la zona y cauce abajo.
“El cementerio está en una zona de 120 metros de tierra inclinada y las tumbas se hunden por la humedad y porosidad de la tierra, está cerca del río. Ahí hay más de 90 cuerpos descomponiéndose”, describió Alejandro Labrador, técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), entidad que brinda respaldo técnico a la referida junta directiva.
La falta de información también ha generado temores en la población a la hora de comprar los productos agrícolas que la comunidad produce.
“Desconocemos cómo se comporta el coronavirus en estas situaciones y si afecta a los cultivos. Puede que se trate sólo de una percepción de que los cultivos aledaños al cementerio no son aptos para el consumo, o que efectivamente así sea. Mientras tanto, la comunidad ha dejado de vender sus productos de subsistencia porque la población teme que se pueda enfermar”, señaló Labrador.
Liliana Hernández, lideresa del caserío Flores Tepas e integrante de la Junta dijo que “es importante que nuestros difuntos descansen en paz, pero también es necesario que quienes seguimos en lo terrenal tengamos agua de calidad y tierras para cultivar sin contaminación”.
La Junta saludó las medidas cautelares emitidas por el Juzgado Ambiental de
Santa Ana el recién pasado 11 de marzo, a la vez que exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a robustecer sus investigaciones para sustentar el caso y negar los permisos de forma permanente y a individualizar las responsabilidades de las autoridades involucradas.
“Les pedimos a las autoridades competentes, a la Fiscalía, que no den un paso atrás. Pedimos que como comunidades aledañas no se nos violenten nuestros derechos a ser escuchados, porque lo que buscamos es proteger el agua y la tierra. Gracias a Dios tenemos la bendición de vivir cerca de dos ríos pero debemos evitar que sean contaminados”, se pronunció Hernández.
Para los denunciantes, la Fiscalía debe proceder a identificar la posible comisión de delitos u omisión de responsabilidades por parte de las autoridades municipales y nacionales que facilitaron la instalación de este cementerio.
El camposanto afecta de forma directa a unas 2 mil personas de los caseríos cercanos, y de forma indirecta a 10 mil personas que se abastecen del río Tenquiza y la cuenta Sensunapán Banderas.
Fátima Martínez, también parte de la Junta Directiva Voluntaria, reconoció que, “esta es una resolución, por supuesto, favorable; pero necesitamos que se nieguen los permisos para este cementerio, porque afecta la vida”.
Por su parte, la MESUTSO, entidad que reúne a lideres comunitarios indígenas y de mujeres ambientalistas de Sonsonate, exhortó a las autoridades municipales entrantes a establecer una mesa de diálogo y de trabajo conjunto con la comunidad y con las instancias nacionales, para identificar alternativas viables al camposanto, el traslado de los difuntos, así como la solución a los posibles daños ambientales y
“Esperamos que nos tomen en cuenta y se establezca una mesa de diálogo, porque ¿cómo podemos permitir esto si las pajas de agua pasan bajo el cementerio y un cerco divide el cementerio de nuestros cultivos”, declaró Martínez.
LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista con el edil Héctor Orellana para hablar sobre la porblemática, pero al cierre de esta nota no había respuesta.