Estudio confirma abandono estatal a desaparecidos
Fespad presenta hoy los resultados de su primera investigación sobre la desaparición de personas en El Salvador. Destaca la corresponsabilidad para atender el problema.
“La desaparición es un delito de lesa humanidad que no está siendo atendido como se debe. Se necesita ampliar la mirada”.
Saúl Baños,
DIRECTOR EJECUTIVO DE FESPAD.
“Queremos que este estudio sea de utilidad y que a partir de él las instituciones del Estado puedan trabajar de la mano con sociedad civil”.
Saúl Baños,
DIRECTOR EJECUTIVO DE FESPAD.
Entre 2014 y 2019 se realizaron 20,000 denuncias por desaparición de personas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en muchos de los casos reportados hubo un abandono de las autoridades encargadas de la investigación para resolverlos, según una investigación que la Fundación de Estudios para el Debido Proceso (Fespad) hará pública hoy.
El estudio, el primero de su tipo, es un acercamiento cualitativo - exploratorio al fenómeno de las desapariciones durante el último quinquenio y revela cuáles son las debilidades, los logros y los puntos que se deben mejorar para atender la problemática en nuestro país.
“Hay abandono estatal en el tema de los desaparecidos. Seguirlo negando es perpetuar el problema”, dijo ayer Saúl Baños, director ejecutivo de Fespad, a LA PRENSA GRÁFICA.
La investigación estuvo a cargo de Jeannette Aguilar, especialista en temas de seguridad pública, y permitirá visualizar cuáles son los grupos sociales más afectados, el trabajo de las instituciones gubernamentales con las familias y las principales errores que se han cometido.
“La desaparición es un delito de lesa humanidad que no está siendo atendido como se debe. Más allá de hacer reformas penales lo que se necesita es ampliar la mirada y trabajar de la mano con todos los sectores”, añadió Baños.
Aunque la investigación se refiere al quinquenio 2014-2019, Baños asegura que algunos miembros del actual gobierno se han sentido “atacados” por el trabajo que se ha hecho y han intentado criticarlo sin antes leerlo. “Pareciera que actúan por inercia e intentan descalificar todos los aportes que vienen desde sociedad civil. Cuando recién publicamos la convocatoria para anunciar los resultados del trabajo, el secretario de prensa de la Presidencia (Ernesto Sanabria) ya nos estaba atacando”, expuso Baños.
Sin embargo, no todo es negativo. El informe destaca que en 2019 se lanzó el Protocolo de Atención Urgente (PAU) y la Unidad Especializada de Desaparecidos en la FGR, lo que ha permitido mejorar la atención ante las denuncias. También destacó el buen trabajo que realiza el Instituto de Medicina Legal (IML) en reconocimiento y atención a víctimas.
El informe destaca que el fenómeno ha mermado durante procesos electorales y según Baños “eso nos hace pensar que, como ya se venía diciendo, hay ciertos acuerdos entre funcionarios y grupos criminales para frenar los delitos”.