SIN UNA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO LOS ABUSOS CONTINUARÁN
De nuevo han salido a la luz pública los abusos en las contrataciones de personal en la Asamblea Legislativa, problema que no es nuevo ni exclusivo de este órgano, pues en realidad es una cuestión generalizada en todo el Estado, que se viene arrastrando desde hace décadas y que lamentablemente persistirá mientras no se apruebe una adecuada Ley del Servicio Público. La realidad ha sido que más allá de las clásicas promesas electorales y políticas que caben en los discursos y en el papel, no ha habido voluntad política.
Es una equivocación lo que a veces se escucha de que no es necesaria una Ley del Servicio Público, pues está vigente la Ley del Servicio Civil, y en todo caso puede haber solo algunas reformas. La legislación vigente, de 1961, está obsoleta y no permite cumplir lo que ordena la Constitución, está alejada de las mejores prácticas internacionales, y ello, aunado a que tampoco se han respetado las mínimas regulaciones que tiene, ha llevado a que haya un completo desorden y arbitrariedad en el manejo de la función pública.
El tener un marco jurídico deficiente no permite que se respete el mandato constitucional que establece que el ingreso a la Administración Pública se hará con base en mérito y aptitud. Esto repercute en que se den abusos en las contrataciones de servidores públicos, pero también en la calidad y eficiencia de los servicios públicos que se prestan a la población; así como en que no haya una adecuada carrera administrativa que brinde mayor estabilidad y posibilidades de desarrollo a los trabajadores. Sobre este punto, algunos sindicatos dicen erróneamente que la nueva ley vulnerará la estabilidad de los trabajadores y que afectará derechos laborales y libertades sindicales, lo cual no es cierto. Al contrario, actualmente están bastante desprotegidos al no existir un marco legal que permita contar con una verdadera carrera administrativa.
El rechazo a contar con una Ley del Servicio Público vendrá seguramente en muchos casos de quienes se aprovechan de los abusos en las contrataciones en la función pública, lo cual, además de ser un exceso de poder, también es un acto de corrupción. No se pueden normalizar los problemas de nepotismo, amiguismo, clientelismo político, plazas fantasma, etcétera, a la hora de contratar servidores públicos, pues lo que debería ser normal es que todos ellos lleguen al Estado a través de procesos transparentes y bajo el criterio de la meritocracia.
Tampoco es válido ser incoherentes y rechazar, por ejemplo, el nepotismo y el clientelismo político de antes y no el actual, o tolerar el de unos y repudiar el de otros.
Mientras no se apruebe una adecuada Ley del Servicio Público, seguirán los abusos en las contrataciones de servidores públicos. Los trabajos técnicos sobre la ley son abundantes y los hay de alta calidad; ahora la gran interrogante es si la nueva Asamblea Legislativa, con una amplia mayoría de la bancada oficial, acompañará la propuesta de campaña del presidente de la república en el Plan Cuscatlán, de reivindicar la función pública y apostarle a la profesionalización del sector público, impulsando el estudio de la Ley de la Función Pública para proponer una nueva ley. El tiempo pronto responderá.
Tampoco es válido ser incoherentes y rechazar, por ejemplo, el nepotismo y el clientelismo político de antes y no el actual.