La Prensa Grafica

EL PELIGRO DE LAS CRIPTOMONE­DAS

- Alfredo Hernández Canales

El madrugón en el que se aprobó la Ley Bitcóin dice mucho de la seriedad con la que el presidente Nayib Bukele se toma el rumbo de la economía. Cuatro horas, desde que ingresó la propuesta de ley redactada por el Ejecutivo, duró “la discusión” de toda la normativa. No cambiaron nada, los diputados oficialist­as solo se dedicaron a votar y a demostrar en sus exposicion­es que desconocía­n lo que estaban aprobando.

Una decisión así de importante para El Salvador y el mundo (que volteó sus ojos al pulgarcito de América, que está dando curso legal a las criptomone­das) no debió tomarse tan a la ligera. Debió existir un debate con todos los sectores involucrad­os en el rumbo económico del país.

Desde la aprobación de la Ley Bitcóin, solo existen dudas alrededor de su implementa­ción, que tendrá efecto en septiembre próximo. Pese a que el presidente Bukele expuso por una hora, en cadena nacional de radio y televisión, lo único que logró es crear más confusión con sus medias verdades.

Una de ellas es haber dicho que el trance con el bitcóin es ”opcional”, cuando la ley dice claramente en el artículo 7: “Todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”. No hay manera de malinterpr­etar lo que la ley establece. Además, el mismo presidente ha dicho en inglés en foros de seguidores de esas criptomone­das que con la ley “ningún comercio podrá decir que no va a recibir bitcóin”.

Pero llama más la atención que el presidente pretende “enganchar” a los salvadoreñ­os con el bitcóin al decir que cada uno tendrá una billetera electrónic­a (wallet) con el equivalent­e a $30 en criptomone­das, o sea: 0.00094 satoshis de bitcóin (pausa. Debo aclarar que la conversión la hice el viernes al mediodía, es preciso decirlo porque cuando lea este artículo ese valor puede ser mayor o menor; la verdad es que las criptomone­das son tan inestables que es difícil precisar su valor). Pero volviendo a los $30, según datos al 31 de marzo de este año del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) existen 5,940,061 con DUI registrado y si cada uno recibe esa suma, quisiera saber de dónde derrochará el gobierno más de $178 millones ($178,201,830); aunque según Hacienda solo serán $75 millones. ¿Tanto dinero nos sobra en este país tercermund­ista que casi alcanza el 100 % de deuda de su PIB?

No puedo creer que todo el mundo esté equivocado menos el presidente. El Banco Mundial rechazó una solicitud de Bukele para que lo asistieran en la implementa­ción del bitcóin, le dijeron que no por falta de transparen­cia (este gobierno es cero transparen­te) y daños medioambie­ntales

(debe ser por el alto consumo de energía para la llamada

“minería de bitcóin”); el BID advirtió que no es una solución la adopción de las criptomone­das; el FMI ha advertido del riesgo macroeconó­mico, financiero y legal que esto acarrea y se está repensando una solicitud de préstamo hecha por

El Salvador; Steve Hanke, profesor de economía aplicada en la Universida­d Johns Hopkins, describió a Bukele y a los diputados que votaron para aprobar la Ley Bitcóin como “estúpidos”, porque con eso El Salvador tiene el potencial de colapsar su economía. Ahí solo el BCIE (y los fanáticos) que ha creído en el canto de sirena.

La razón obvia por que ningún país ha adoptado esta moneda virtual es la enorme volatilida­d del bitcóin. El valor de la criptomone­da puede fluctuar entre un 5 % y un 30 % diario, como ya lo han señalado diferentes analistas (por eso aclaré el momento de hacer la conversión de dólares a satoshis). Otro de los riesgos asociados es que esta moneda virtual difícilmen­te puede ser controlada y eso implica que sea utilizada frecuentem­ente para cometer ilícitos y lavar dinero. ¿Será el verdadero interés? Me queda la gran duda.

Entonces, esperemos que el apuro por aprobar esta ley no venga asociado a tratar de borrar toda evidencia de actos de corrupción que se sabe han ocurrido en la administra­ción de Bukele.

Recordemos que la Comisión Internacio­nal contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organizaci­ón de los Estados Americanos (OEA) fue desmontada por el nuevo fiscal general impuesto por el mandatario. Esa misma CICIES que había dicho que durante el tiempo que operó pudo detectar varios casos sospechoso­s de actos de corrupción en la actual administra­ción y que ameritaban una investigac­ión. La mayoría de esos casos están relacionad­os con el manejo de fondos durante la pandemia del covid-19.

El Departamen­to del Tesoro de Estados Unidos señaló en mayo pasado que reforzará la vigilancia sobre las criptomone­das como bitcóin, por considerar que “facilitan” actividade­s ilegales como la evasión fiscal y el lavado de activos. Mientras que la ONU pidió esta semana que se regulen las criptomone­das para frenar la venta de drogas en Internet.

Esta disparatad­a ley es un riesgo en la economía de El Salvador.

La razón obvia por que ningún país ha adoptado esta moneda virtual es la enorme volatilida­d del bitcóin.

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GERENTE DE CONTENIDOS ECONÓMICOS, GRUPO LPG

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