ADMINISTRAN A LA EMPRESA CHIVO
>ÓSCAR MAURICIO FIGUEROA Y RAYMOND FRANCISCO VILLALTA ALFARO ADMINISTRAN A CHIVO, S.A. DE C.V., UNA SOCIEDAD CREADA A TRAVÉS DE DOS EMPRESAS PRIVADAS SUBSIDIARIAS DE LA CEL
DOS AFILIADOS DEL PARTIDO NUEVAS IDEAS Y, ADEMÁS, EMPLEADOS PÚBLICOS SON LOS ADMINISTRADORES QUE HA NOMBRADO EL GOBIERNO EN LA EMPRESA QUE SE CREÓ PARA OPERAR LA BILLETERA ELECTRÓNICA CHIVO WALLET.
El Gobierno de Nayib Bukele echó mano otra vez de las subsidiarias de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para dar origen a la empresa que administrará la billetera electrónica que fue lanzada esta semana por su administración; un esquema que también utilizó para crear, en 2020, el oficialista Diario El Salvador.
Esta vez la representación legal de la sociedad Chivo S. A. de C. V., dueña de la Chivo Wallet, está en manos de dos militantes de Nuevas Ideas que, además, son empleados públicos. Desde el 19 de agosto, Raymond Francisco Villalta Alfaro se convirtió en el administrador único propietario y Óscar Mauricio Figueroa Torres en el administrador único suplente de una empresa privada creada con dinero público.
Chivo es dueña de la aplicación de la billetera electrónica con la que el Gobierno ha echado a andar la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador desde el 7 de septiembre. Documentos del Centro Nacional de Registro (CNR) confirman que Villalta y Figueroa son los encargados de firmar los contratos que la sociedad celebre con cualquier persona o institución.
El 8 de agosto, ambos fueron consultados sobre su participación en la sociedad Chivo, pero los dos se rehusaron a dar declaraciones. Villalta colgó su celular cuando escuchó que un periodista lo contactaba y Figueroa prometió corresponder la llamada luego de una reunión en la que se encontraba, pero nunca lo hizo.
LOS ADMINISTRADORES
Raymond Villalta es un funcionario que ha estado cerca del presidente Nayib Bukele desde que este fue alcalde de San Salvador. Actualmente tiene el cargo de director suplente por el Ministerio de Turismo en el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).
Según el portal de Transparencia, no posee gran experiencia en temas económicos o de tecnología. Su especialidad, en realidad, es la psicología. El único trabajo relacionado con la creación de aplicaciones o con temas financieros es uno que tuvo en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
En lo político, Villalta ha estado cerca de Nayib Bukele desde, al menos, 2015, cuando entró a trabajar a la Alcaldía de San Salvador gobernada bajo la bandera del FMLN. En la comuna capitalina tuvo los cargos de técnico de Planificación de Participación Ciudadana, jefe de Delegación Distrital II “ad-honorem” y subgerente de Participación Ciudadana. También fue uno de los encargados de administrar contratos millonarios que celebraba la alcaldía.
En 2017, cuando Bukele y el FMLN tuvieron su divorcio irreparable, Villalta se perfilaba como concejal en la lista de la candidata a alcaldesa Jackeline Rivera, pero al igual que los otros hombres de confianza de Bukele, terminó renunciando al partido y a la candidatura para comenzar a formar el movimiento de le dio vida a Nuevas Ideas.
Ahí se encontró con Figueroa, un graduado en Administración de Empresas de la Universidad Centroamérica (UCA). Figueroa se ha desempeñado en dos cargos en el Gobierno Bukele: en el Instituto Nacional de la Juventud fue gerente de administración y finanzas y, actualmente, es director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, ha participado en actividades promovidas por el Gobierno como el reto recicla y la entrega de los paquetes alimenticios.
Figueroa y Villalta se afiliaron el mismo día a Nuevas Ideas, partido creado, manejado por familiares y que gira alrededor de la figura del presidente Bukele. Figueroa incluso intentó ser candidato a diputado por San Salvador, pero solo logró 2,466 votos en las elecciones internas, quedando en la posición 32 de los 24 candidatos posibles.
A diferencia de Villalta, el currículo de Figueroa sí está relacionado con finanzas y tecnología. En 2017, para lograr su licenciatura, presentó la tesis “El dinero electrónico como herramienta que posibilita una mayor inclusión financiera”. Y trabajó como analista durante cinco años en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
EVADIENDO CONTROLES
La CEL es la autónoma que administra las presas hidroeléctricas del país y que a lo largo de los años ha constituido varias empresas subsidiarias: Inversiones Energéticas (INE), Compañía Eléctrica Cucumacayán (CECSA), Lageo, Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) y Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA).
Estas últimas dos sociedades son las accionistas que en 1999 constituyeron Inversiones El Salvador No. 1, S.A. de C.V. , en la época en que Guillermo Sol Bang presidía la junta directiva de CEL, según datos del Registro de Comercio.
Desde 1999, Inversiones El Salvador No. 1 no registró mayor actividad. Eso se mantuvo así hasta que el pasado 24 de agosto cambió su nombre a Chivo Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.).
El acuerdo fue avalado en una junta general extraordinaria de accionistas de Inversiones El Salvador el 19 de agosto. En esta participaron el presidente de ETESAL, Edwin Nuñez Alguera, sociedad que posee el 99 % de las acciones, y Ludwing Macdonald Valdez, representante legal de CLEA, que tiene el restante 1 %.
Macdonald Valdez es también el jefe de la Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos de la CEL, según información publicada en el portal de transparencia de esta institución.
Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA) también posee un 1 % de las acciones de la sociedad anónima Diario Nacional, que es la misma que registró la marca Diario El Salvador, según una investigación de la revista Factum. El otro 99 % de esa empresa le pertenece a Perforadora Santa Bárbara (PSB), empresa propiedad de Lageo.
Con el esquema utilizado, tanto Chivo S.A. de C.V. como Diario El Salvador, buscan quedar excluidos del control en el manejo de fondos públicos que realiza la Corte de Cuentas de la República.
Si bien la sociedad Chivo S.A. de C.V. está domiciliada en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de la modificación de su pacto social, la empresa podrá tener sucursales, representaciones o agencias en otros puntos del país y en el extranjero.
Otro de los acuerdos fue nombrar como administrador único propietario a Villalta Alfaro y como su suplente a Figueroa Torres, quienes “han aceptado su nombramiento”, según consta en el acta inscrita en el registro. Sus cargos estarán vigentes por tres años.
Desde sus orígenes, la finalidad de la sociedad en la que se “montó” la Chivo Wallet es amplio: puede invertir en diferentes áreas, ejercer el comercio; comprar y vender muebles e inmuebles, importar y exportar, y representar toda clase de bienes y servicios.
Para impulsar el uso de bitcóin como medio de pago, el Gobierno dispone de $150 millones para crear un fideicomiso que administrará el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), y a través del cual se convertirán los dólares a bitcoines y viceversa, y para entregar el bono bitcóin equivalente a $30 por medio de su billetera.
El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), tras revelarse que Chivo es una sociedad anónima de capital variable, comentó que “habrá que ver la relación que tiene esta empresa con el Ejecutivo, especialmente estando en medio los recursos públicos”.
El Gobierno no ha explicado porqué decidiócrear una empresa privada ala sombra de instituciones públicas. Tampoco ha justificado porqué dos miembros de Nuevas Ideas, que además son empleados públicos, están al frente de la sociedad.
A pesar de las autoridades usaron este esquema opaco para darle vida a una de las políticas más impopulares, el artículo 154 inciso cuarto de la Constitución manda a la Corte de Cuentas de la República (CCR) a “fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo”, como la CEL, “y de las entidades que se costeen con fondos erario o que reciban subvención o subsidio del mismo”.