Piden eliminar pruebas en caso ligado a exalcalde de Apopa
Fiscalía argumenta que las pruebas sobre la intervención que piden eliminar la defensa está bien fundamentada.
Abogados defensores pidieron ayer que se eliminen las pruebas que presentó Fiscalía en relación a la intervención de llamadas telefónicas ligadas a 15 imputados acusados de los delitos de cohecho activo, cohecho propio, soborno, fraude procesal, entre otros, vinculados al exalcalde de Apopa Elías Hernández.
Carlos Miranda, uno de los abogados defensores, argumentó que las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República (FGR) están fuera de tiempo y por lo tanto deben ser descartadas.
“El delito inició con una argumentación fuera de tiempo donde no se cumplen los parámetros de licitud para poder afectar el derecho a la intimidad, como es la intervención a las telecomunicaciones que se comienzan a investigar delitos que son posteriores a los que se cometieron del 2015 al 2018”, aseguró el abogado.
Pero Fiscalía argumentó que lo que ocurrió es que fueron hechos diferentes a los que inicialmente se investigaron y para ellos dicha investigación inició por unos hechos y se termina procesando a personas que aparentemente utilizaron terminales telefónicas que no estaban ligadas al inicio la investigación.
El Ministerio Público asegura que las investigaciones fueron realizadas en marzo de 2018 y que se extendieron hasta diciembre de ese mismo año.
La defensa dice que no está individualizadas la mayoría de personas que eran portadores de números telefónicos ni participación de nexos unos con otros casos, por lo cual la prueba recabada no debería ser tomada en cuenta.
El fiscal del caso dijo que cuentan con las pruebas suficientes para que se inicie el caso y que el recurso de revocatoria que presentó la defensa ya lo respondieron y que el Tribunal de acuerdo a ello analizará toda la información para tomar una decisión este día.
También dijo que la defensa pidió que se excluya la intervención telefónica, porque consideran que el juez Tercero de Instrucción que autorizó la intervención no fundamentó la resolución y que vulneró derechos y garantías al no fundamentarlas adecuadamente.
“Nosotros ya les hicimos ver que la disconformidad es cuestión de que no les gusta cómo el juez ha argumentado, pero ese no es sinónimo que la resolución no esté fundamentada”, explicó el fiscal.
Aclaró que este recurso ha impedido que no se instale el juicio, ya que es el tema de prueba y aún no se ha aclarado. De ello depende que el caso continúe.