EL SALVADOR NO ESTÁ EN CONDICIÓN DE REFORMAR SU CONSTITUCIÓN
LAS ORGANIZACIONES CONSIDERAN QUE ANTES DE DEBATIR SOBRE REFORMAS SE DEBE RESTABLECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y DEROGAR VARIAS LEYES.
Diversas organizaciones manifestaron su inconformidad por las propuestas de reformas que ha hecho el equipo ad hoc y señalaron que El Salvador no está preparado para reformar su Constitución ya que el Órgano Ejecutivo y el Legislativo muestran desinterés por respetar la Carta Magna, las leyes y el Estado de Derecho.
Las organizaciones señalaron las diferentes violaciones de derechos e inconstitucionalidades que ha realizado el Gobierno y la Asamblea Legislativa, entre ellos la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, además de aprobar reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
También destacan que desde el inicio la propuesta de reforma está mal ya que viola el artículo 248 de la Constitución que estipula que las reformas constitucionales deben ser elaboradas y presentadas por al menos 10 diputados y no como ha sucedido en este caso, que fue orden de la Presidencia de la República.
Suman a ello que la propuesta de reforma no formó parte de “la oferta electoral ni presidencial, por lo tanto, en las elecciones, el pueblo no emitió su voto por ella”.
Consideran que la propuesta modifica 215 artículos y que esto supone una nueva Constitución y que por ello, debería ser analizada con un amplio debate y consenso social.
Las organizaciones también manifestaron su oposición a algunas propuestas de reformas por considerar que su aprobación implica graves retrocesos en las garantías de derechos y la institucionalidad democrática. Entre ellas, la modificación al artículo 248, donde en la nueva propuesta se elimina la aprobación de reformas constitucionales por dos legislaturas.
Otro artículo del cuál no están de acuerdo con la modificación es el del artículo 189, donde deja la competencia exclusiva para propuestas de candidatos de segundo grado al Colegio de Abogados y Notarios.
“Algo que no debe incluirse es la competencia exclusiva del Colegio de Abogados y Notarios para el nombramiento de candidaturas de segundo grado. No nos oponemos a la colegiatura, creemos que eso puede ser beneficioso, pero sí nos oponemos a esa competencia exclusiva”, aseveró Morena Herrera, quien forma parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Las organizaciones presentes consideraron que es necesario un proceso de reformas constitucionales del pueblo que garanticen mayores derechos relativos a reconocer el derecho a la vida, tanto del no nacido como de la gestante y en caso de colisión de derechos, una ley establecerá lo pertinente. Otro punto es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los cometidos contra la libertad sexual, genocidio, entre otros.
Además de reconocer que toda persona tiene derecho sin restricción a una familia, cualquiera que fuera su conformación. Otro punto que mencionaron fue garantizar el carácter laico del Estado Salvadoreño
y el libre ejercicio de todas las religiones. También hablaron de la ampliación del fuero a personas candidatas a cargos sindicales, entre otros.
DESMEMBRAMIENTO
Referente a estas mismas reformas presentadas por el equipo ad hoc, lideradas por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, Cristosal realizó un estudio jurídico del Anteproyecto de reformas a la Constitución y llegó a la conclusión que el documento es “en realidad un desmembramiento constitucional de derechos fundamentales, de la estructura y la identidad constitucional”.
En su estudio, Cristosal analizó tres factores: si es necesario reformar la Constitución, cómo debe efectuarse el proceso de reforma según el artículo 248 de la Carta Magna y cuáles son los puntos preocupantes de dicho proyecto.
Para Cristosal, desde la perspectiva técnica no es necesario reformar la Constitución para que Estado garantice el respeto
a los derechos humanos, solo exceptuando el matrimonio de personas del mismo sexo y el aborto que deben regularse por ley.
Sin embargo, considera que la Constitución se puede mejorar pero dicen que es preferible una mala Constitución con autoridades que actúen de forma profesional que tener una buena Constitución con las peores autoridades.
Esto lo enfatizan porque la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que han sido cooptados por el Ejecutivo, no están cumpliendo con sus mandatos constitucionales, que es proteger derechos fundamentales.
Sobre los puntos más preocupantes del proyecto de reforma, la organización defensora de derechos humanos detalló que es la colegiación obligatoria, que consideran puede ser excesiva permitiría restricciones a derechos. También destacan los límites a la libertad de expresión que podría imponer el Legislativo a la prensa.