Familia en incertidumbre por desalojo en playa El Zonte
María y sus cuatro hijos llevan años en ese lugar. Aseguran que las medidas del plano de la propiedad privada, en las que hoy basan el desalojo, no coinciden con las inscritas en el CNR.
n el kilómetro 53 de la carretera de El Litoral, cerca de la Lotificación Costa Azul y del cantón El Zonte, se encuentra ubicada una vivienda modesta donde vive desde hace casi 40 años Ana María Centeno. Tiene aproximadamente 60 años de edad y se gana la vida como comerciante.
Un muro de piedra es lo único que separa la playa de su vivienda, la cual se encuentra en un terreno propiedad del Estado. Su casa colinda con varias propiedades privadas que invierten en el turismo de la zona y por ello Ana María y sus hijos han pasado los últimos años en la incertidumbre por amenazas de desalojo.
A su casa han llegado dos notificaciones del Juzgado de Paz de Chiltiupán, departamento de La Libertad, para que haga
Ela entrega material al apoderado de una sociedad de inversiones en turismo. Pero ella asegura que los planos que presenta el dueño no coinciden con los que el Centro Nacional de Registro (CNR) les ha proporcionado.
La situación comenzó en diciembre de 2020, según relata Ana María. La sociedad privada adquirió el terreno en una subasta del Juzgado Primero de Familia de San Salvador y desde entonces comenzaron a ofrecerle dinero a la afectada con el objetivo de que se fuera. Ambas partes llegaron a un acuerdo de $15,000, pero sin firmar ningún documento.
Fuera de lo acordado y sin haberse cumplido, las órdenes de desalojo llegaron a Ana María. Asegura que la más reciente estuvo acompañada por el juez primero de familia de San Salvador, policías y soldados, cuando llegaron a su vivienda e intentaron sacar sus pertenencias. La comunidad intentó detenerla y la situación no pasó a más.
Luego llegó otro citatorio, que tenía fecha de ejecución de ayer a las 9:00 de la mañana. Ante la notificación, el representante legal de Ana María presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional. En ella demanda, entre otros puntos, que se realice una remedición de la propiedad adquirida por la sociedad de inversiones, pues está basada en un plano fraudulento. Delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) brindaron apoyo ayer a la espera del nuevo intento de desalojo que, finalmente, no fue realizado.
“El día que trataron de sacarnos venían policías y soldados. Nos opusimos y los vecinos nos ayudaron”. Ana María Centeno, AFECTADA.