LA PRIMERA LATA DE GAS
La multitudinaria marcha del 15 de septiembre dejó en claro que el desmantelamiento de la democracia y del Estado de derecho no será sin resistencia. La movilización de numerosos colectivos y organizaciones, así como de ciudadanos que decidieron sumarse por su propia cuenta a la protesta, constituye el primer gran aviso de un amplio sector de la sociedad cansado de los abusos, que está además dispuesto a plantarle cara a la deriva autoritaria del gobierno. Un sector que sin duda no hará más que crecer con el paso de los días.
El presidente, que se ha empeñado en meter al país en un callejón muy parecido al que lo condujo a la guerra civil, ha dejado en claro también que preferirá incendiarlo todo antes de dar un paso atrás. Lejos de atender las razones del descontento popular, ese día optó por parapetarse en su fortaleza presidencial, bien guardada por militares, y desde su torre almenada lanzar una diatriba en contra de los manifestantes. En su andanada, señaló a los participantes de las marchas de violentos y de protestar contra una dictadura que, según él, no existe, y acusó a la comunidad internacional, frente a los representantes del cuerpo diplomático -sus propios invitados en el marco de la celebración del Bicentenario- de financiarlos.
Finalmente, en una declaración que se supone debe entenderse como evidencia de su magnanimidad democrática reiteró algo que ya había expresado en varias ocasiones antes: hasta ahora su gobierno no ha usado ni una tan sola lata de gas lacrimógeno para reprimir a manifestantes, aunque no descartó hacerlo en el futuro.
Con ello, Bukele esbozó con bastante claridad el norte que pretende seguir en la ruta de su consolidación autoritaria. Recurrirá a la figura de la comunidad internacional como supuesto agente desestabilizador, contemplando previsiblemente la criminalización de todos aquellos actores locales que reciban algún tipo de financiamiento externo, como ya lo hiciera Ortega en Nicaragua con su "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz". Una ley que, entre otras cosas, penaliza a las organizaciones y fundaciones que reciben fondos extranjeros bajo la excusa de que realizan "actos de terrorismo y desestabilización".
Y cuando la ola de movilización social sea tan fuerte que resulte difícil contenerla, ordenará seguramente, a esos militares y policías, en los que tanto gusta regodearse en sus anuncios publicitarios, reprimirla con dureza.
¿Qué pasará cuando esos cuerpos reciban la orden de lanzar la primera lata de gas?, ¿de asestar el primer macanazo?, ¿de disparar la primera bala de goma?, ¿la primera bala real?
A lo largo de estos más de dos años de gobierno, el director de la Policía y el ministro de la Defensa han dado reiteradas muestras de estar al servicio del presidente, no de las leyes, por lo que esperar de ellos una respuesta diferente llegado ese momento parece poco probable.
Sin embargo, parece oportuno recordarles, puesto que parecen haberlo olvidado, que nuestro ordenamiento constitucional obliga a los funcionarios a desatender órdenes ilegales. Y que esgrimir la justificación de la obediencia debida, ese acatamiento que los funcionarios prestan a las órdenes de su superior jerárquico, tampoco es un mecanismo de defensa válido en casos de mandatos que no emanan de las leyes ni de graves violaciones a los derechos humanos, y que por tanto eso no los eximirá de responsabilidad penal en el futuro.
Aunque la marcha del 15 de septiembre fue pacífica, la infiltración de sujetos ajenos a ella, con vínculos más que presumibles con el gobierno, los cuales actuaron como un grupúsculo de choque, vandálico y agresivo, dio al presidente la excusa para tratar de posicionar en el imaginario colectivo cualquier manifestación en su contra como violenta y, por lo mismo, la justificación adelantada de responder en consonancia.
Así, no es exagerado afirmar que la ya famosa orden de lanzar la primera lata de gas se ve cada vez más próxima. De ahí en adelante, las cosas suelen ir cada vez más rápido y ponerse muy feas.
El presidente, que se ha empeñado en meter al país en un callejón muy parecido al que lo condujo a la guerra civil, ha dejado en claro también que preferirá incendiarlo todo antes de dar un paso atrás.