LOS AHORROS DE PENSIONES SON PRIVADOS
El patrimonio acumulado de $12,800 millones de ahorros que tienen los 3.5 millones de salvadoreños que han ahorrado intermitentemente o de manera continua desde que se estableció el sistema de ahorro para pensiones (SAP) en 1998 son total y absolutamente privados. Son de cada una de las personas que tienen una cuenta de ahorros a su nombre. El aporte lo han hecho los trabajadores y sus empleadores, pero el monto total está a nombre de cada persona y es de su propiedad. El Estado nunca ha aportado un tan solo centavo a los ahorros de cada persona, pero sí se ha llevado en calidad de préstamo el 80 % de los ahorros totales, pagando tasas risibles de 1 % de interés anual sobre buena parte de esos préstamos que adquirió con los trabajadores, por una década.
En el mundo solo hay dos sistemas de pensiones: uno que se denomina de reparto, en el que todos los aportes de los trabajadores entran a un fondo común administrado por el gobierno y en el que los jóvenes proveen los recursos para que los mayores, ya retirados, puedan gozar de su pensión. Este sistema existió en El Salvador y quebraron los tres, tanto el sistema de pensiones del ISSS, el INPEP y el IPSFA. Hoy en día se puede pagar pensiones de parte del ISSS y el INPEP porque los jóvenes que cotizan en las AFP le prestan al gobierno para que pueda cubrir el déficit mensual que tiene. Hasta julio de 2021 el gobierno debe $5,734 millones en concepto de certificados de Inversión de Pensiones (CIP) que es la forma como se documenta la deuda del gobierno con los trabajadores.
El otro sistema se denomina de capitalización individual y es el que administran las AFP, en el cual cada trabajador y su empleador aportan el dinero mensualmente a una cuenta propiedad de cada afiliado. Cada persona tiene un monto de dinero con el que se financiará su pensión. Ese dinero se incrementa mes a mes con los aportes de los trabajadores, más los rendimientos que produce su ahorro. Si la tasa de interés de los títulos en los que se invierten los ahorros es baja, acumula pocos rendimientos en su cuenta y si la tasa de interés es alta, acumula una mayor cantidad de dinero y eso le ayuda al trabajador a obtener una pensión más alta.
Los sistemas de reparto quiebran por al menos dos razones: la primera es que los gobiernos que administran el dinero lo utilizan para financiar el déficit del Ministerio de Hacienda, en lugar de guardarlo para pagar las pensiones; la otra razón es porque cada vez hay menos jóvenes que cotizan al sistema de pensiones, hay más adultos mayores que se retiran y además viven más años. Es decir que cada vez se recibe menos dinero de las cotizaciones de los trabajadores activos y se tiene que pagar un mayor monto en pensiones, por un período más largo de tiempo.
Los sistemas de capitalización individual son sostenibles en el tiempo porque no dependen de la proporción entre jóvenes cotizantes y personas adultas mayores retiradas, sino que dependen exclusivamente de los ahorros de cada persona que se va a retirar con el dinero que ha acumulado durante su vida laboral activa.
Los sistemas mixtos en esencia no existen y no son sostenibles por definición, ya que los cotizantes del sistema de capitalización individual son los que subsidian con sus ahorros a los que se retiran con el sistema de reparto. En El Salvador los trabajadores activos que han cotizado desde 1998 en el SAP han subsidiado y financiado a los jubilados del ISSS y el INPEP. La solidez del sistema de capitalización individual ha permitido darle estabilidad al sistema de pensiones y los jubilados reciben su pago mes a mes, sin ningún problema.
El reto del SAP es que se haga una reforma legal que permita incrementar las pensiones de las personas que ganan más de dos salarios mínimos. Hay una serie de propuestas para que las pensiones de las personas que ganan arriba de $800 mensuales sean mejores, más altas y sostenibles a 70 años plazo. Este grupo poblacional recibe pensiones muy bajas hoy en día y el objetivo sería duplicar esas pensiones. Esta debe ser la ÚNICA razón de la reforma de pensiones y no debe buscar resolver problemas fiscales, como se hizo en las reformas que se hicieron entre 2006 y 2017.