ESTÁN ASFIXIANDO NUESTRA DEMOCRACIA
Conocida la inclusión de nuevos puntos en el Índice de Reserva de la Asamblea Legislativa, se evidencia que el país afronta desde hace algún tiempo una regresión de los avances y consolidaciones del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), considerado como un derecho humano fundamental, universal y autónomo, el cual todos los ciudadanos podemos ejercer y exigir cualquier información que se encuentre a cualquier título en manos de la Administración Pública, la cual deberá entregar de manera veraz, oportuna y completa a quien la solicite, salvo las excepciones que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) especifique.
La misma Sala de lo Constitucional de la CSJ ha considerado en la famosa sentencia de inconstitucionalidad 1-2010/27-2010/28-2010, que prohíbe los traslados entre partidas, que el DAIP es un derecho humano fundamental de la población, a estar debidamente informada de los asuntos de interés colectivo, y a conocer la gestión pública y la forma en que se ejecuta y se rinde cuentas del Presupuesto General del Estado; obligación que atañe a todos los órganos y dependencias del Estado, sin excepciones.
Como derecho humano fundamental, al DAIP le es aplicable uno de los principios que rigen a estos derechos, como el Principio de progresividad y la prohibición de regresividad, el cual consiste nada más en que cualquier autoridad o aplicador del derecho se encuentra inhibido de adoptar cualquier acción que limite derechos fundamentales y no retroceder las condiciones de ejercicio logradas por la sociedad. El mismo carácter fundamental del DAIP consolida las democracias transparentes, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado, dando un papel activo al pueblo salvadoreño para participar en el debate de los asuntos públicos, generando así una contraloría ciudadana. No por nada, la
Sala de lo Constitucional, que ahora controlan, ha llamado al DAIP “oxígeno de la democracia”.
Poco oxígeno le queda a nuestra democracia cuando esa Asamblea Legislativa que se vanagloria de ser electa por el pueblo, de ser transparente y no ser como los mismos de siempre, le quita las herramientas de contraloría al mismo, declarando como reservado licitaciones, contrataciones, detalles de viajes de Misiones Oficiales, de los salarios y planillas, e incluso, de los expedientes relacionados con elecciones de segundo grado, información que por disposición de la LAIP es de carácter oficioso, es decir, no es necesario que se le exija su publicidad.
Poco oxígeno le queda a nuestra democracia cuando nuestros legisladores ocultan información sobre salarios y prestaciones alegando que con su publicidad se pone en peligro la seguridad o la salud de cualquier persona, o por generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero, se les olvida son delegados del pueblo y están obligados a rendir cuentas al soberano; como legisladores deberían saber plenamente que lo que han hecho no solamente contraviene la LAIP sino estándares a nivel interamericano en materia de protección de derechos humanos y lucha contra la corrupción, olvidan que como funcionarios, al ser electos pública y democráticamente, adquirieron un umbral distinto de protección de su privacidad, por lo cual están sometidos a un mayor escrutinio y crítica por parte del público.
La sociedad debe comprender que se nos está limitando un derecho humano fundamental, que con una simple decisión se están teniendo retrocesos en transparencia y lucha contra la corrupción por parte de esos que dijeron estar en contra de ella. Hoy más que nunca nos corresponde como sociedad exigir el respeto de nuestro derecho y oxigenar a nuestra democracia, esa que poco a poco los bukelistas están asfixiando.
Esa Asamblea Legislativa que se vanagloria de ser electa por el pueblo, de ser transparente y no ser como los mismos de siempre, le quita las herramientas de contraloría al mismo.