HACIA LA CENTRALIZACIÓN
En un territorio de 20 mil kilómetros cuadrados, se tiene una división político-administrativa de 14 departamentos con un gobernador propietario y un suplente nombrados por el presidente de la República y 262 municipios regidos por un concejo municipal presidido por el alcalde o alcaldesa, un síndico y dos o más regidores en número proporcional a la población del municipio. El gobierno local en el territorio lo integran el gobernador y los concejos municipales de cada uno de los departamentos, así lo establece la Constitución de la República.
El esfuerzo por modernizar el Estado salvadoreño incluyó el proceso de descentralización de competencias, facultades y recursos financieros para favorecer el desarrollo equilibrado e inclusivo en función de la democracia. El proceso no fue antojadizo. En la Constitución de la República la autoridad territorial se descentraliza en los municipios que, según el artículo 203, tienen autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo. El proceso de descentralización buscó acercar el Estado a la población y se invirtieron muchos recursos, nacionales e internacionales, para asegurar que los gobiernos municipales desarrollaran las capacidades necesarias para asumir con eficacia sus responsabilidades.
Instituciones nacionales e internacionales han participado con aportes intelectuales y financieros para impulsar y fortalecer el proceso de descentralización. El esfuerzo viene desde la década de los setenta y fue cuesta arriba porque la cultura de la administración pública es la centralización y concentración de poder. A nadie le gusta delegar porque se pierde poder. Sin embargo, la descentralización avanzó. Se cuenta con instrumentos jurídico-administrativos, se tiene recurso humano capacitado, se ha acumulado experiencia administrativa y, entre otros, se ha evolucionado en el perfil de los miembros de los concejos municipales. El proceso y el compromiso por la descentalización se plasmó en políticas nacionales públicamente difundidas. Y para fortalecer el proceso, la Asamblea Legislativa 2018-2021 contaba con un Anteproyecto de Ley de Descentralización en discusión.
La descentralización favorece la democracia y la gobernabilidad, el financiamiento descentralizado favorece una mejor distribución del presupuesto y la inversión, la descentralización favorece la representatividad de la población, la descentralización favorece el acceso a servicios básicos, la descentralización genera empleo local, la descentralización tiene economías de escala, especialmente cuando hay identificación de prioridades a nivel territorial. Esto y más ha sido parte de los planteamientos a favor de la descentralización del Estado que ha ido a cuentagotas porque históricamente arrastramos con el presidencialismo y la concentración de poder.
Nos inspiramos en otros países que fortalecieron y democratizaron el Estado a través de la descentralización. Muchos fueron a conocer y reconocer casos como el de Colombia,
Chile y otros que sirvieron de inspiración en las propuestas nacionales para promover la descentralización. Nuestro proceso es inconcluso porque quitarle poder, recursos y toma de decisiones al nivel central enfrenta barreras infranqueables.
Toda esta experiencia acumulada de nada sirve. Es clara la tendencia gubernamental hacia la centralización y concentración de poder y recursos. No hay ni habrá espacio de participación para nadie más que el Órgano Ejecutivo al más alto nivel. La gestión administrativa 2019-2024 ha sentado las bases para revertir cualquier intento de descentralización en los gobiernos municipales. Les retuvo el FODES por más de un año y a partir de 2022 el Fondo constitucionalmente establecido para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios se reduce al 1.5 % del presupuesto. Al final de este período seguramente la marginación y exclusión social se profundizará. Llegar a la presidencia para tener agua potable, recolección de desechos y calles pavimentadas será imposible.
Es clara la tendencia gubernamental hacia la centralización y concentración de poder y recursos. No hay ni habrá espacio de participación para nadie más que el Órgano Ejecutivo al más alto nivel.