DERECHOS DE DESPEDIDOS EN EL LIMBO POR GOLPE AL ÓRGANO JUDICIAL

CIENTOS DE EMPLEADOS HAN PRESENTADO DENUNCIAS ANTE TRIBUNALES NACIONALES. ESTAS INSTITUCIONES HAN SIDO DOMINADAS POR JUECES Y MAGISTRADOS AFINES AL OFICIALISMO, QUE ADMINISTRA TAMBIÉN LOS ORGANISMOS DE LOS QUE FUERON DESPEDIDOS.

“Estamos convencidos de que las resoluciones en sedes administrativas y judiciales van a ser negativas. Estamos esperando resoluciones de amparo con la Sala de facto”.

Ingrid Escobar,

REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

“Prevemos que a final de año haya, a nivel nacional, un recorte mayor de personal. Esto trae más desempleo en el país. ¿Qué esperanza vamos a tener las y los salvadoreños de tener un empleo decente?”.

Francisco Quijano,

CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES SALVADOREÑOS

Cientos de empleados públicos fueron despedidos desde mayo pasado, tanto por el cambio de administración en la Asamblea Legislativa como en las alcaldías donde hubo traspaso de gobierno municipal (a una mayoría de Nuevas Ideas). Esta ha sido, según sindicalistas, la ola de despidos más grande, en un período tan corto, que hayan vivido los empleados públicos.

Muchos de estos casos han sido denunciados como despidos irregulares ante los tribunales nacionales. Todos estos procesos, de acuerdo con sindicalistas y abogados, se ven amenazados por la falta de independencia judicial, luego de que, el 1 de mayo, la Asamblea destituyera, de forma irregular, a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusiera, la misma noche, a otros en su lugar. Y que luego, a finales junio, la misma Asamblea eligiera a otros magistrados que ahora ocupan, en su mayoría, las presidencias de las Salas.

Entre ellos, Enrique Alberto Portillo Peña, magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Luego, en un tercer golpe al Órgano Judicial, el Legislativo aprobó un decreto con el cual serían jubilados cientos de jueces mayores de 60 años; otros fueron trasladados.

Los despedidos temen que el brusco cambio en el Órgano Judicial, ahora, posiblemente afín al Gobierno de turno, repercuta en las garantías de sus derechos laborales. Y ya tienen los primeros indicios.

“Yo estoy consciente que estos procesos son tardados. Y los tres poderes del Estado los han cambiado, hoy la gente que labora ahí está a favor del Gobierno”.

Álvaro Rincan,

AFECTADO

“Estamos convencidos de que las resoluciones en sedes administrativas y judiciales van a ser negativas. Es decir, en la Cámara, en la Sala de lo Contencioso administrativo, en la Sala de lo Constitucional. Estamos esperando resoluciones de amparo con la sala de facto. Seguramente vienen en negativo”, expresó Ingrid Escobar, representante del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL).

Escobar asegura que, pese a las posibles negativas, agotarán las instancias nacionales, para luego acudir a sedes internacionales. Por ejemplo, solo de la Asamblea, hay más de 80 casos judicializados, según explica Escobar. En algunos, exigen el pago de indemnización, mientras que en otros buscan ser restituidos.

“En principio, el traslado de los jueces no es problema porque todos los jueces tienen que ser imparciales”, explica un abogado, experto en función pública quien habló en condición de anonimato.

“Si no existen garantías de imparcialidad e independencia, y ya tienen directrices para quitarlos y poner a su gente, es bien difícil que ellos puedan obtener justicia. Siendo que todos estos jueces también responden a las directrices del poder Ejecutivo”, agrega.

LOS PRIMEROS CASOS

La semana pasada, la Sala de lo Constitucional negó el amparo a la fotógrafa Iliana Lemus, quien había interpuesto una demanda contra el presidente Nayib Bukele y su Consejo de Ministros por su despido “arbitrario” de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, en septiembre de 2019.

El argumento de los magistrados impuestos fue que ella aceptó un cheque como indemnización. Con esto, el proceso quedaría cerrado. Sin embargo, Lemus asegura que recibió el cheque pero nunca fue cambiado, a la espera de una resolución.

Este no sería el único caso que la Sala resolvió a favor de las instituciones. El 24 de mayo, los magistrados negaron amparo a una exempleada del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) en el que la ciudadana argumentaba que había sido violado su derecho de audiencia y defensa. Con una serie de argumentos, los magistrados determinaron que se trataba de un cargo de confianza, y por tanto, los nuevos titulares tenían facultad de despedirla sin ningún proceso previo a ordenar su despido.

“Cada día se van perdiendo derechos de los trabajadores que ya habían sido ganados. En el caso de personas que han sido promovidas y tienen cargos de confianza, no es necesario despedirlos, solo trasladarlos”, argumenta Escobar de SITRAL.

En las municipalidades han ocurrido casos similares. En Apopa, al menos 86 empleados han decidido acudir a tribunales. De estos, 12 ya fueron notificados de que tienen que ser restituidos. Sin embargo, la alcaldía ha reaccionado con anuencia y ha desobedecido la orden del juez.

“Ellos dijeron que no iban a reinstalar a nadie. Yo estoy consciente que estos procesos son tardados. Y a los tres poderes del Estado los han cambiado, hoy la gente que labora ahí está a favor del Gobierno, y si ellos dicen que no los reinstalen, no lo hacen. Y para los despidos masivos que han hecho en todas las alcaldías no han hecho procedimientos adecuados”, cuestiona Álvaro Rincan, uno de los despedidos de Apopa a quien el juez ordenó restituir desde el 16 de agosto.

Francisco Quijano, representante de la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) teme que la situación empeore con la disminución del Fondo para el Desarrollo Social de las Municipalidades (FODES) y ocurra una segunda ola de despidos que acumulen más casos en los tribunales.

“Prevemos que a final de año, haya a nivel nacional, un recorte mayor de personal. Esto trae más desempleo en el país. ¿Qué esperanza vamos a tener las y los salvadoreños de tener un empleo decente?”, cuestionó.