Recortan $1.12 millones al presupuesto del MARN
Organizaciones exigen acciones concretas contra el cambio climático.
El anteproyecto del presupuesto 2022 plantea una reducción de $1.12 millones para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el proyecto entregado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lo solicitado para el funcionamiento del Estado el próximo año aumenta en 7.3% con respecto a este año. Este incremento, sin embargo, no incluye más fondos para la rama de medio ambiente.
Los detalles del proyecto de presupuesto 2022 se conocieron hasta el 11 de octubre, cuando la diputada de la fracción de VAMOS, Claudia Ortiz, lo difundió en redes sociales. Hacienda, por su parte, publicó oficialmente la información cuatro días después, el 15 de octubre, en el portal de Transparencia Fiscal.
La partida del MARN bajará de $14.2 millones aprobados para 2021 a $13 millones. La reducción se presenta en el gasto corriente de la cartera de Estado, en particular lo destinado a la compra de bienes y servicios, que pasará de $2,537,173 del presente año a $1,141,137 en la proyección para 2022.
Esta reducción al presupuesto de la rama ambiental se da en medio de señalamientos al Estado por no tomar acciones concretas y claras en materia de cambio climático.
Ayer, organizaciones ambientalistas realizaron el foro “De la Crisis Climática a la Acción Social, un llamado urgente a la justicia social”, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 26 (COP26).
“Todo el tema de medioambiente, agua, soberanía alimentaria, agrotóxicos, no es parte de las prioridades del Gobierno, no lo está incorporando en su agenda”, resaltó Andrea Padilla, integrante de la Campaña Mesoamericana de Justicia Climática . Agregó que “a eso se le suma todo el tema de manejo de información que es poco transparente y que hay poco acceso”.
Carolina Amaya, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señaló tres situaciones medioambientales que muestran la falta de acción gubernamental: el proyecto de hidroeléctrico Nuevo Nahuizalco II, la destitución del magistrado propietario de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama, luego de las críticas al Decreto Legislativo 144 con el que se jubiló al 30% de jueces y magistrados del Órgano Judicial; y la decisión de la comisión ad hoc que estudia la Ley de Recursos Hídricos en la Asamblea Legislativa, de modificar el artículo 61, aprobando concesiones para la extracción de agua según la necesidad de la gran industria por 15 años.
“Aprovechamos para trasladar estas demandas concretas y para exigir que se tomen todas estas políticas que son un desafío, no solo para El Salvador”.
Andrea Padilla,
CAMPAÑA MESOAMERICANA DE JUSTICIA CLIMÁTICA.
“Creemos que estas señales no van en función de proteger el medioambiente, más creemos que es para beneficiar a los mismos de siempre”.
Carolina Amaya,
UNES.