AL MAGISTRADO, LAS PALABRAS LE INCOMODAN MÁS QUE LOS HECHOS
No es pretensión de este editorial establecer si la actitud tan dispuesta del señor López Jerez y de los otros cuatro abogados presentes esa noche en la plenaria debe ser calificada o no como coautoría de sedición, como pretendía una denuncia penal interpuesta contra ellos por Funde. Sin embargo, no puede soslayarse que ellos fueron fundamentales esa noche para deponer a esas autoridades de modo inconstitucional. Tampoco el gobierno estadounidense los acusó de sedición como móvil para declararles non gratos e incluirlos en su lista de personas que no pueden ingresar a ese país. El Departamento de Estado fue puntual: “Los cinco magistrados previos fueron removidos abruptamente sin una causa legítima y los nuevos jueces socavaron el proceso democrático”. Segunda aclaración de este editorial es que la administración de Joe Biden no cree que López Jerez y sus compañeros hayan socavado la democracia salvadoreña sólo por su papel en aquel relevo sino especialmente por aprobar la controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección de Bukele
Hace algunos días, el presidente de la Corte Suprema de Justicia se negó a brindar declaraciones a este periódico, alegando que en todas las publicaciones este y otros medios periodísticos se refieren a él como “impuesto”. Aunque tuvo la gentileza de reconocer que todos los salvadoreños tienen derecho a la libertad de expresión, el magistrado consideró innecesario referirse a él de ese modo en cada nota en que se lo menciona.
Su malestar es comprensible. El adjetivo “impuesto” con que nuestros periodistas calzan las referencias a este profesional del derecho alude al procedimiento que la Asamblea Legislativa siguió el 1 de mayo de este año para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y resolver el subsiguiente trauma institucional con sus designaciones exprés.
Las denominamos exprés, valga aclararlo ante la sensibilidad exhibida sorpresivamente por los protagonistas, que aparecieron solícitos y dispuestos a ser juramentados en el Salón Azul pese a que el juicio sumario contra sus colegas se realizó sin figurar en la agenda de la plenaria y aprovechando una dispensa de trámite de una pieza de correspondencia.
No es pretensión de este editorial establecer si la actitud tan dispuesta del señor López Jerez y de los otros cuatro abogados presentes esa noche en la plenaria debe ser calificada o no como coautoría de sedición, como pretendía una denuncia penal interpuesta contra ellos por FUNDE. Sin embargo, no puede soslayarse que ellos fueron fundamentales esa noche para deponer a esas autoridades de modo inconstitucional.
Tampoco el gobierno estadounidense los acusó de sedición como móvil para declararles non gratos e incluirlos en su lista de personas que no pueden ingresar a ese país. El Departamento de Estado fue puntual: “Los cinco magistrados previos fueron removidos abruptamente sin una causa legítima y los nuevos jueces socavaron el proceso democrático”. Segunda aclaración de este editorial es que la administración de Joe Biden no cree que López Jerez y sus compañeros hayan socavado la democracia salvadoreña sólo por su papel en aquel relevo sino especialmente por aprobar la controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección de Bukele.
En suma, que la delicadeza exhibida por el magistrado presidente es inconveniente: se encuentra en el peor lugar y momento para ser tan susceptible a las críticas y cuestionamientos, sobre todo con el más reciente contenido de su prontuario profesional.
Si en la mayoría de las coyunturas del proceso democrático salvadoreño ya era difícil servirle a la Constitución y conservar las maneras en las relaciones con los otros órganos del Estado, ¿qué posibilidades hay de honrar ciegamente la agenda de un político sin faltarle a la Ley y a la Carta Magna? Creerlo es un error de juicio, actuar en consecuencia es arriesgar prestigio y carrera, y aspirar a la honorabilidad aun después de comportarse de ese modo es de una frescura inadmisible.
Esos son los tiempos que corren, el invierno de los funcionarios que anteponen su deber sobre la conveniencia y la primavera de los que estiman válido saltarse las líneas de la ética profesional como si fueran un juego de peregrina. Entre estos últimos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia impuestos.