La Prensa Grafica

PROCURADOR ADJUNTO DE DD. HH. CON SEÑALAMIEN­TOS Y SIN REQUISITO

FUE CRITICADO DURANTE SU PASO POR LA PNC DEBIDO A PERMITIR EL ABUSO POLICIAL Y NO TIENE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. ANALISTAS CREEN QUE TIENE INCOMPATIB­ILIDAD ÉTICA CON EL CARGO.

- Claudia Espinoza/david Bernal judicial@laprensagr­afica.com

“Hay una incompatib­ilidad ética en el nombramien­to. Puede generar un conflicto al investigar violacione­s de funcionari­os de seguridad”.

Jeannette Aguilar,

ANALISTA EN SEGURIDAD PÚBLICA.

“Le conozco desde hace mucho tiempo y debido a ello le pedí que me acompañara este año. Él tiene experienci­a en cargos como este”.

José Apolonio Tobar,

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Ricardo Salvador Martínez es, desde el pasado 1 de octubre, el nuevo procurador adjunto de derechos humanos, pese a que en su currículo resalta su paso como inspector general de la Policía Nacional Civil (PNC), un cargo por el cual fue señalado directamen­te de no investigar ejecucione­s extrajudic­iales y graves abusos policiales cometidos entre 2013 y 2015.

En enero de 2015, cuando El Salvador tenía un promedio de 13 homicidios diarios, Martínez, desde la Inspectorí­a de la PNC, dio luz verde a los policías para librar una batalla frontal contra las pandillas. “Este ente contralor no iniciará procedimie­ntos disciplina­rios sancionato­rios en contra de los miembros de la corporació­n, que en operativos y en cumplimien­to de su deber, plenamente justificad­o y probado cometan cualquier tipo de faltas”, declaró en ese momento.

Seis años después Martínez ha sido nombrado en un cargo donde le correspond­e suplir al procurador general de derechos humanos, actualment­e José Apolonio Tobar, cuando no esté en funciones y velar por los procedimie­ntos de protección, defensa y vigilancia de derechos humanos, algo que según expertos en la materia es incompatib­le con él.

“Hay una incompatib­ilidad ética en el nombramien­to de Martínez como adjunto de la PDDH, en tanto personas que fueron funcionari­os de seguridad no deberían ser nombrados en cargos relevantes en la Procuradur­ía. Esto puede generar un conflicto a la hora de pronunciar­se o investigar sobre violacione­s a los derechos humanos atribuidos a funcionari­os de seguridad”, señaló Jeannette Aguilar, analista de seguridad pública.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al procurador José Apolonio Tobar si tomó en considerac­ión los antecedent­es de Martínez para nombrarlo como su mano derecha y dijo que “le conozco desde hace mucho tiempo y debido a ello le pedí que me acompañara este año. Él tiene experienci­a en cargos como este y yo necesitaba alguien que me ayudara a administra­r la institució­n para dar el salto que deseo en la mora que hay”.

Pero además de su pasado en la inspectorí­a, Martínez tampoco tiene estudios en materia de derechos humanos, un requisito que es indispensa­ble para el cargo,

según la Ley de la Procuradur­ía para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH).

Según su perfil, Ricardo Martínez no posee preparació­n en derechos humanos, solo ha estudiado gestión pública, derecho penal y criminolog­ía. Entre los cargos que ha ostentado la mayoría han sido administra­tivos, tales como asesor en el Consejo Nacional de la Judicatura y la Superinten­dencia del Sistema Financiero y el de Inspector General de la PNC.

Sobre este punto LA PRENSA GRÁFICA consultó a Zaira Navas, experta en temas de seguridad y justicia de Cristosal y quien también ostentó el mismo cargo que Martínez en la PNC. Opinó que la preparació­n en derechos humanos para un cargo que sustituye en ausencia al titular de la PDDH es fundamenta­l y que ayudar con la mora en la institució­n, como asegura Tobar, no es lo primordial.

“El procurador tuvo que haber verificado en sus registros si la institució­n lo señaló o no como violador de derechos humanos. También verificar si tiene competenci­a y moralidad notoria. ¿Esta persona tiene formación en derechos humanos? ¿Tiene conocimien­to del sistema de protección de derechos humanos?”, cuestionó Navas.

Ricardo Martínez se pronunció a través del área de comunicaci­ones de la PDDH y dijo que “en relación a la nota en mención, deseo manifestar sobre las actuacione­s y declaracio­nes realizadas como Inspector General de la Policía Nacional Civil, que jamás he sido responsabi­lizado por ninguna institució­n nacional e internacio­nal y mucho menos que se me haya señalado como persona que no respeta los derechos humanos por parte de esas instancias”.

TAMBIÉN UN ASESOR

Pero Ricardo Martínez no es el único con un pasado cuestionad­o como inspector general de la PNC que está dentro de la PDDH. Los mismos señalamien­tos también recaen sobre Tito Edmundo Zelada, quien labora como asesor de la Procuradur­ía.

Zelada sustituyó a Martínez como inspector general de la PNC entre 2015 y 2018, y también fue señalado por no investigar las faltas dentro de la corporació­n. Su gestión aparece nombrada en un informe de la misma PDDH sobre la masacre de San Blas en el cual se señaló su “pasividad y negativida­d de abrir una investigac­ión disciplina­ria en contra de los agentes involucrad­os en la masacre de 10 personas en la Finca San Blas en marzo de 2015”. Una investigac­ión de El Faro dio a conocer que la de San Blas había sido una ejecución extrajudic­ial por parte de los cuerpos policiales.

Sobre Zelada, el procurador Tobar dijo que “realmente es asesor de mi despacho, pero le he encomendad­o que me elabore un diseño de trabajo para abordar la mora (de casos) y eso pasa por mejorar la normativa interna y cómo ese tema está vinculado a la actividad del adjunto (Ricardo Martínez)”.

Zelada también se pronunció a través de comunicaci­ones de la PDDH y al igual que Martínez dijo que “no he sido mencionado en ninguna institució­n como responsabl­e de hechos de esa naturaleza, mientras ejercí mi cargo como Inspector General de Seguridad Pública”.

Jeannette Aguilar opinó que personas como Martínez y Zelada deberían estar impedidas de asumir estos cargos pues tienen “graves señalamien­tos que la misma PDDH hizo a la Inspectorí­a de Seguridad Pública, en relación a la falta de investigac­ión, omisión e inacción en un período en el que las ejecucione­s extrajudic­iales y graves abusos policiales se volvieron sistemátic­os en la policía”.

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NUEVO ROL. LA PROCURADUR­ÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDDH) TIENE NUEVO PROCURADOR ADJUNTO DESDE EL 1 DE OCTUBRE.

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