DUDAS Y MATICES INTERNACIONALES SOBRE EL RÉGIMEN EN EL SALVADOR

Bukele evitará referirse al asunto mientras le sea posible y no porque quiera evitarle ese agravio a la maltrecha convivencia nacional sino porque sabe que mencionarlo sería contraproducente para el lobby en el que su gobierno -y los contribuyentes- ha invertido durante el medio término de su presidencia. Para introducir el tema en la conversación nacional sin involucrar al presidente, el oficialismo ha elegido un camino accesorio: que otros sectores, gremios y voceros comiencen a pronunciarse al respecto, verdaderos valedores de una causa que jurídicamente admite muchos reparos. De ser así, lo que puede parecer una buena estrategia para el mandatario en este momento se convertirá en un problema doble llegado el momento: crispación y polarización doméstica por una controversia que afectará de manera transversal a toda la nación, y una ola de censura internacional al entenderse que su proyecto político es transgresor de la Constitución nacional.

La presión internacional sobre el gobierno salvadoreño a propósito del régimen de excepción escaló una grada esta semana, luego de una audiencia especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Durante ese evento, voceros tan importantes como la subsecretaria adjunta de Estado para asuntos del hemisferio occidental o su par para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo criticaron la radicalización de la administración de Bukele sobre la materia.

Este último opinó que si el régimen continúa, la afectación sobre los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador será duradera.

Por supuesto, detrás de análisis así de terminantes hay un debate mucho menos claro acerca de qué curso de acción seguir para influir en el enfoque de seguridad seguido por el gobierno salvadoreño luego de la ola homicida de finales de marzo. ¿Lo que corresponde son peticiones, sugerencias o medidas de presión? Y aunque no se escuchen voces a favor del proyecto autoritario que se cocina aceleradamente, en las filas políticas estadounidenses hay una preocupación por no simplificar lo que ocurre en El Salvador, o en todo caso creen que las alertas no deben encenderse mientras Bukele mantenga un mínimo de formas democráticas.

Comparada con la dictadura orteguista, el Triángulo Norte es todavía un proyecto en el que quedan soluciones por explorar, válvulas de escape y márgenes para la restitución democrática. Al menos eso es lo que importantes actores del establishment estadounidense quieren creer, aun cuando la realidad les dice que el desmantelamiento institucional y la precarización democrática es sostenida y progresiva en estos tres países.

Mientras los síntomas del extravío autoritarista abran espacio para el matiz, por pequeño que este sea, ni los Estados Unidos de América ni ningún otro gobierno se plantarán ante la administración salvadoreña con la severidad que podrían; ese lugar común es esencial para entender la ambigua comunicación presidencial acerca de la poco a poco visible controversia sobre la reelección.

Bukele evitará referirse al asunto mientras le sea posible y no porque quiera evitarle ese agravio a la maltrecha convivencia nacional sino

porque sabe que mencionarlo sería contraproducente para el lobby en el que su gobierno -y los contribuyentes- ha invertido durante el medio término de su presidencia.

Para introducir el tema en la conversación nacional sin involucrar al presidente, el oficialismo ha elegido un camino accesorio: que otros sectores, gremios y voceros comiencen a pronunciarse al respecto, verdaderos valedores de una causa que jurídicamente admite muchos reparos.

De ser así, lo que puede parecer una buena estrategia para el mandatario en este momento se convertirá en un problema doble llegado el momento: crispación y polarización doméstica por una controversia que afectará de manera transversal a toda la nación, y una ola de censura internacional al entenderse que su proyecto político es transgresor de la Constitución nacional.

Hay otra posibilidad: que simplemente no esté convencido de lanzarse en ese empeño, que sospeche que hacerlo tendría unos efectos nocivos para la república y la nación, que la promoción de esa causa alrededor suyo no le parezca sino sólo un distractor a su favor en medio de las críticas al régimen de excepción. Y que no ceda a ese apetito.

Si pensar en esta versión de las cosas es un desvelo o no, sólo el tiempo lo dirá.