“Ya más de un mes que fui a dejarles el paquete a ellas pero no las encuentro y al dar la identidad no me confirman que están ahí. Un día me dicen que están ahí y otro día que no”.

Heidi Valenzuela, MADRE DE CAPTURADAS.

PNC contra sus hijas y su yerno, trabajador de Lageo, subsidiaria de la gubernamental Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

De su yerno tampoco sabe dónde está. De acuerdo con la madre de las jóvenes, los agentes de los penales se limitan a decir si “está aquí o no” cuando todas las madres de privados de libertad cuestionan dónde están sus hijas. “Me preocupa que compro los paquetes de higiene y algo de vestuario, no me alcanza porque son dos mis hijas detenidas y que no les den a ellas porque no están, y no me dicen dónde están detenidas, es preocupante”, aseveró.

Heidi y su hija de 23 años salían a trabajar desde temprano a una finca en la que obtenían un salario de $70 mensuales cada una. Acudían a la finca a hacer labores de riego y cortar la maleza, mientras que su hija de 21 años cuidaba a los niños y estudiaba para poder culminar el bachillerato a distancia.

Desde que inició el régimen de excepción, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que las mujeres enfrentan un doble impacto, porque al momento de ir a buscar a sus hijos, hermanas o parejas son estigmatizadas por las autoridades. Las organizaciones defensoras de derechos humanos tampoco descartan que sean presionadas psicológicamente por agentes de la PNC.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo, cuando el Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa avalar la medida luego de que 87 personas fueran asesinadas por la pandilla MS-13, según una investigación publicada por El Faro. Dichos asesinatos habrían ocurrido tras una supuesta ruptura del “pacto” entre el Gobierno y las pandillas, dijo ese periódico. Luego de eso, diputados oficialistas han aprobado seis prórrogas del régimen.